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RSS | ed. impresa | Regístrate | Sábado, 26 mayo 2012

Gozón y Carreño

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Áurea Gutiérrez no descarta volver a la actividad municipal
La exedil Áurea Gutiérrez. :: J. B.
La exconcejala socialista de Carreño, Áurea Gutiérrez, admitió ayer tras conocer la sentencia que le absuelve de un delito de prevaricación, que no descarta «en un futuro» volver a la actividad municipal. En la actualidad, su actividad política se centra en el partido del que forma parte de la Ejecutiva y ostenta el cargo de delegada a escala regional. «Como dije entonces, me iba del Ayuntamiento por cuestiones de índole familiar y, de momento, no me planteo volver, pero quien sabe si necesitarán de mi más adelante». Respecto al fallo del juzgado de Lo Penal número 3 de Gijón, «lo principal es que se demostró lo que defendí desde el primer día, que no había quitado ninguna multa». Y, sobre todo, añade «queda limpio mi nombre». Gutiérrez aprovechó la ocasión para agradecer públicamente el apoyo recibido «primero, desde mi partido y después de los muchos vecinos que estuvieron a mi lado en todo momento, sin poner en duda mi conducta como concejal».
Por su lado, el alcalde de Carreño sobre la sentencia «que siempre mantuve la plena confianza en que Áurea Gutiérrez no había incurrido en delito alguno. Y así quedó probado tanto en la vista oral. A la vista de las pruebas, ha quedado bien claro que Áurea sólo había actuado movida por el interés del servicio a los ciudadanos».
La fiscal instructora del Área de Gijón, María Luisa García Vega, había dictado una resolución, el pasado 15 de mayo, en la que apreció un delito de prevaricación en la conducta de la entonces responsable de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Carreño. La fiscal, que había rechazado un posible delito de coacciones a la Policía Local, sí apreció, en cambio, tras analizar las pruebas y tomar declaración a la propia concejala, que Áurea Gutiérrez había impartido una orden verbal a la responsable de la tramitación de las multas de tráfico para que ser revisaran todas, con un posible delito de prevaricación.
Los hechos se remontan al 25 de febrero de 2010, cuando la Policía Local había puesto en conocimiento de la Fiscalía diversas actuaciones irregulares en la tramitación de las citadas multas de tráfico.

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