Los sectores farmacéutico y de productos sanitario pidieron este martes a Mariano Rajoy que ponga fin a la deuda sanitaria, que asciende a más de 12.000 millones y tiene una demora media de pago de más de 500 días. «Coloca a España en una situación insostenible que ha provocado ya el cierre de muchas empresas y una reducción continua del número de empleos directos e indirectos, con riesgo real de que se produzcan problemas de suministro de algunos productos», señala la carta que ha recibido el presidente del Gobierno. Las patronales de productos sanitarios (Fenin) y de medicamentos (Farmaindustria) firman esta misiva junto a la Cámara de Comercio Alemana en España, la Asociación Económica Hispano-Suiza, la Cámara de Comercio e Industria Francesa de Barcelona en representación de los intereses de las empresas extranjeras en España.
En la carta, las patronales lamentan «la actual situación de indefinición» y reclaman que el nuevo Ejecutivo tome medidas para paliar esta situación, ya que el anuncio de la concesión de créditos extraordinarios para las comunidades autónomas y la intención del Gobierno de respaldarlas constituyen mensajes positivos, «no son suficientes». Además, advierten que si no se actúa sobre el problema de la deuda sanitaria «se deteriorará aún más la credibilidad y la imagen de España como país fiable para inversores y compañías, y se llevará a muchas empresas nacionales a la quiebra».
Recuerdan la creciente preocupación de la población española por el futuro del Sistema Nacional de Salud, «a la que contribuyen sin duda las noticias relativas al incesante incremento de la deuda sanitaria».
Plazos concretos
Farmaindustria y Fenin proponen que las diferentes comunidades autónomas, para que puedan pagar su deuda, incluyan la necesidad de establecer plazos temporales concretos; la identificación de un interlocutor único en el Ejecutivo y el diseño de un mecanismo, respaldado por el Gobierno central, que establezca «un calendario de pagos fiable, con la garantía de que el dinero efectivamente va a llegar a las empresas del sector». Además, para evitar que la deuda siga creciendo, proponen un marco que asegure la aprobación de presupuestos realistas que eviten la infrafinanciación, ya que en 2010 y 2011, «los presupuestos autonómicos descendieron respectivamente un 8% y un 10% de media frente al gasto real del año anterior».
También piden hacer «una gestión eficiente y racional de los presupuestos y una despolitización de la Sanidad», en la que la toma de decisiones se base «en motivos asistenciales y no electorales», y cambios regulatorios que doten a las empresas «de protección jurídica en su actividad con las administraciones». Finalmente, ponen de manifiesto que la solución al problema de la deuda pasa porque las distintas administraciones pongan en marcha de forma definitiva medidas específicas, adecuadas y eficaces. «Un estado moderno, resolutivo y eficaz no puede permitirse otra cosa», concluyen.
