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González dice ahora que ha comprado el ático

DESDE OCTUBRE

González dice ahora que ha comprado el ático

El juzgado de Estepona y Anticorrupción aprecian indicios de delito en la adquisión de ese piso por una sociedad off shore

14.02.13 - 07:35 -
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González dice ahora que ha comprado el ático
Ignacio González. / Kiko Huesca (Efe)

Golpe de efecto de Ignacio González. El presidente de la Comunidad de Madrid dice ahora que acaba de comprar el ático de Estepona, cuya titularidad investigan desde el pasado octubre el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona y la Fiscalía Anticorrupción en unas diligencias previas por ‘fraude a la Hacienda Pública’. En concreto, el presidente ha explicado que el 18 de diciembre pasado compró, por 770.000 euros, el ático. En las escrituras figura que el 80% es propiedad de la esposa del presidente, Lourdes Cavero, y el otro 20%, de González.

Gónzález, que hasta ahora había asegurado que solo era el inquilino de ese lujoso piso que está a nombre de una sociedad off shore de Estados Unidos, aseguró hoy que finalmente compró el ático a finales de año, aunque todavía no han concluido los trámites.

"Mi única relacion es que era inquilino, pagaba mis alquileres, mi intención era poder comprar ese inmueble y no lo pude formalizar porque no estaba inscrito. Se regularizó y a finales del año pasado he formalizado la compra, que está pendiente de inscribirse", se defendió.

“Las informaciones que se han publicado hoy, lo único que hay es la peticion de si el propietario ha cumplido las obligaciones fiscal". "No tiene nada que ver conmigo y mi persona. Es una actuacion que no tiene que ver con mi persona", señaló el jefe del Gobierno autonómico, que insistió que ya hace dos años fue objeto "de una investigación ilegal" por parte de algunos miembros de la policía como dijo el ministro del Interior , Jorge Fernández, en una comparecencia en el Senado.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona y la Fiscalía Anticorrupción investigan desde el pasado octubre si el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, cometió un “contra la Hacienda Pública” a través de la compra de un lujoso ático en la localidad a través de una sociedad fantasma radicada en Estados Unidos.

El Ministerio del Interior, Jorge Fernández, el pasado abril en el Senado aseguró que esa investigación era “ilegal” y que había concluido en enero de 2012 sin encontrar nada irregular en la actuación de González. Interior, incluso llegó a abrir un expediente disciplinario al comisario de Marbella, Agapito Hermes, por indagar sobre esa operación inmobiliaria sospechosa sin informar a sus superiores políticos. Sin embargo, según la extensa documentación que obra en la causa, la Unidad Contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha seguido en absoluto secreto investigando con el amparo y el respaldo la juez malagueña Mariana Peregrina y de la propia Fiscalía.

Desde entonces, y sobre todo a partir del pasado diciembre, el propio fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, ha ordenado varias diligencias policiales y ha recabado decenas de documentos y escrituras de todo tipo de instituciones que apuntarían a que el presidente de la Comunidad de Madrid podría haber ocultado al fisco la compra del inmueble.

Las investigación se judicializó el pasado 25 de octubre, cuando la juez, tras una denuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP) decidió abrir unas diligencias previas por un “delito contra la Hacienda Pública” al considerar que los hechos que relataba el sindicato, lejos de lo que venía sosteniendo el Jorge Fernández Díaz, “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”. Poco después, la Fiscalía informó a favor de investigar el caso.

La denuncia del SUP -que hasta ahora está siendo confirmada por los documentos reclamados por la Fiscalía, aportados por la UDEF y las declaraciones de testigos- en síntesis sostiene que González y su esposa, Lourdes Cavero, son los propietarios encubierto de un ático en el Complejo Residencial ‘Alhambra del Golf’, que fue comprado en 2008 por 750.000 euros por una sociedad off shore llamada Coast Investor LLC, radicada en el estado norteamericano de Delaware.

El presidente de la Comunidad de Madrid siempre ha sostenido que ese ático no es suyo y que el paga 2.000 euros de alquiler a la sociedad norteamericana. El SUP asegura que el precio medio en la zona son 6.000 euros mensuales y que solo los gastos de comunidad de esa exclusiva zona son 1.750 euros al mes.

La denuncia hace hincapié en que esa firma americana a la que el presidente de la Comunidad de Madrid dice que abona religiosamente los alquileres desde 2008 no tiene actividad real desde julio de 2010 y no consta en ningún registro de Estado Unidos que Coast Investor haya recibido periódicamente dinero del jefe del ejecutivo autonómico, lo que hace sospechar que era una mera tapadera detrás de la cual se esconden los verdaderos dueños del inmueble, González y Cavero. Es más, según el sindicato, esta sociedad solo se “reactivó” cuando el pasado marzo el presidente aseguró que el abonaba un alquiler a esa sociedad, de la que no hay huella alguna.

A más abundamiento, el SUP relata que Coast Investor es propiedad de otra firma, Waldford Oversead Investiments, “titular de numerosas cuentas bancarias abiertas en el paraíso fiscal de Panamá con ciudadanos españoles como últimos beneficiarios”.

Según la denuncia la transacción supuso “un trasvase de capital de dudoso origen, tanto del movimiento bancario como del diferencial hasta su total precio, toda vez que el importe declarado es muy inferior al valor de mercado del año en que fue adquirido”. “La operación además ha sido ocultada deliberadamente ante la Haciendo Publica, Banco de España y otros tantos organismos de control de movimientos de capital, eludiendo al fisco ante el flagrante impago de impuestos”, apunta la denuncia admitida a trámite, que recuerda que de esa operación, cuanto menos, se están beneficiando González y su mujer, pagando “un precio muy inferior a los del mercado, siendo presuntamente abonados a una empresa sin actividad”

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