El Comercio

Asturias mira al 25-S con el interés en la financiación, el AVE o la industria

  • Galicia es un potencial aliado a la hora de revisar el sistema de distribución de recursos entre las regiones, con el concierto del País Vasco bajo el foco

Asturias aguarda con expectación el resultado de hoy en Galicia y el País Vasco, tanto por el interés estrictamente político que despiertan unas elecciones, acrecentado en este caso por las consecuencias que el dictamen de las urnas pueda tener para la agitada vida interna del PSOE, como por el hecho de que se trata de territorios cercanos en lo económico y en lo social. Se trata de tres comunidades con preocupaciones y prioridades comunes, caso de las infraestructuras, la industria, la ganadería o el naval, pero también con discrepancias de por medio, como se observa cada vez que se debate sobre la financiación de las autonomías y el Principado muestra sus quejas sobre el concierto vasco y los «privilegios» que a su juicio conlleva sobre el sistema común al que están adscritas el resto de regiones. Hay, por tanto, asuntos relevantes a abordar.

Asturias, Galicia y el País Vasco, con sus particularidades, están sujetas a realidades comunes. Las tres, con sus presidentes -Javier Fernández, Alberto Núñez Feijóo e Íñigo Urkullu, respectivamente- al frente, hicieron causa común durante la polémica europea sobre las ayudas al sector naval. Las tres han visto cómo la autovía del Cantábrico se ha ido rematando tras décadas en obras y asisten con impaciencia, unas más que otras porque el impulso del proyecto no es el mismo, a la tardanza en la conclusión del AVE. Y las tres temen los riesgos de un problema demográfico que, entre otras cosas, castiga a sectores históricamente decisivos en sus respectivas economías como el ganadero y, más en concreto, el lácteo. Hay muchos matices a considerar, desde luego, pero este es el escenario general.

Es verdad que la sintonía es mayor en función del tema que se trate. Quizá el sistema de financiación autonómica sea el mejor ejemplo. De la reforma del actual modelo se lleva hablando prácticamente desde su aprobación, en 2009, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. El PP ha incumplido sistemáticamente su promesa de revisarlo pero antes o después habrá que abrir ese melón. Y, cuando llegue el momento, es seguro que Asturias y Galicia serán aliados en la negociación. Y será así independientemente de quién esté al frente de los respectivos gobiernos, de si en el Principado está el socialista Javier Fernández y en la Xunta continúa tras las elecciones de hoy el popular Alberto Núñez Feijóo, porque los intereses son coincidentes.

Ambos territorios tienen una población muy envejecida que además vive en núcleos muy dispersos y en una orografía dura y escarpada, factores que hacen que la prestación de los servicios básicos -la sanidad, la educación o las políticas sociales- se encarezca. Cuando toque revisar el sistema, Asturias y Galicia defenderán que esos criterios tengan más peso en el reparto de los recursos frente a las autonomías como Madrid, Andalucía o Valencia que defienden que todo pivote en torno al volumen de población, al número de habitantes que viven en sus ciudades y pueblos. Será, pues, una batalla autonómica en la que los colores políticos quedarán difuminados.

Que el País Vasco esté fuera de ese modelo común y disfrute de un régimen propio, el concierto, es algo que no gusta ni en Asturias ni en Galicia. Es un tema extremadamente delicado en el que ningún gobierno ha querido entrar, pero el Principado fue un paso más allá cuando, en un documento con su criterio sobre la reforma del sistema de financiación, planteó abrir una discusión sobre el cupo vasco al considerar que conlleva «privilegios» intolerables en la España autonómica y pedir una mayor aportación tanto del País Vasco como de Navarra, que tiene unas condiciones similares, a la solidaridad interterritorial. Si en el debate sobre el sector naval las tres comunidades aunaron esfuerzos frente a Bruselas, aquí el Gobierno vasco reaccionó de forma airada a las críticas y rechazó cualquier modificación de su particular régimen económico.

El AVE, a distinto ritmo

Fuera de ahí, las tres regiones tienen problemas y aspiraciones similares. El impulso de la alta velocidad ferroviaria es uno de ellos, ya que los proyectos acumulan un notable retraso derivado del impacto de la crisis que en el caso de Asturias se escenifica en la parálisis de la variante de Pajares. Con todo, también aquí hay matices en vista de las críticas que desde distintos territorios, el Principado entre ellos, se hacen al Gobierno de Mariano Rajoy por priorizar y acelerar las obras en Galicia, su comunidad y la de la hasta hace poco ministra de Fomento y hoy presidenta del Congreso, Ana Pastor, en detrimento del resto de actuaciones.

Pase lo que pase hoy, Asturias, País Vasco y Galicia deberán afrontar retos de calado. Frenar la despoblación en las zonas rurales es uno de los más importantes, como se puede constatar especialmente en las comarcas montañosas, y tiene como consecuencia el declive de una actividad histórica y tradicional: la ganadería y principalmente el sector lácteo. La imparable bajada de los precios y el cierre de explotaciones es un problema a atajar en el futuro.

La industria, igualmente, también espera respuestas. El sector naval del Norte, tras la polémica del 'tax lease', intenta remontar ahora y los astilleros asturianos se muestran muy competitivos. Pero hay otros riesgos. En la siderurgia, la amenaza de la deslocalización es permanente como se ha podido comprobar con el cierre de la planta de ArcelorMittal en la localidad vasca de Zumárraga, parte de cuya plantilla ha sido desplazada a las instalaciones asturianas. La solución al problema de la tarifa eléctrica continúa esperando.