El Comercio

El Tribunal Supremo anula el canon digital del Gobierno del PP

  • El alto tribunal aplica la sentencia europea que declaró ilegal la compensación por copia privada incluida en los presupuestos del Estado

El Tribunal Supremo ha declarado nulo e inaplicable el canon digital aprobado por el Gobierno del PP. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha considerado que el Real Decreto 1657/2012, es decir, aquel que regulaba el nacimiento del nuevo sistema en lugar del antiguo canon digital, choca con la normativa comunitaria. El Ejecutivo estableció una compensación por las copias privadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, por tanto, a todos los españoles.

La corte europeo ya dijo en julio pasado que el canon digital que desde 2012 compensa a los autores con dinero público debería cumplir una condición para que el TJUE le diera el visto bueno: que el coste efectivo pesase de forma exclusiva sobre los usuarios de la copia privada y que en ningún caso podría serlo, por definición las personas jurídicas. Es decir, que en las cuentas de la Administración debía ser capaz de discernir qué ciudadano hacía uso de una copia legal y cuál no. Como la regulación española de compensación equitativa no prevé ningún mecanismo para cumplir este requisito, «la sentencia del TJUE declaró tajantemente la incompatibilidad de dicha regulación con el derecho de la Unión Europea». Por este motivo, el alto tribunal español hace propio el fallo de los jueces comunitarios.

Además, el fallo, del que ha sido ponente el presidente de la Sala Luis Díez-Picazo, rechaza la petición de la Abogacía del Estado de paralizar el proceso hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso planteado contra el artículo de la Ley de Propiedad Intelectual. «Si una norma jurídica nacional es contraria a derecho en la Unión Europea, ha de ser inaplicada independientemente de que además pueda ser inconstitucional. El deber que pesa sobre todos los órganos judiciales nacionales de inaplicar las normas jurídicas nacionales contrarias al derecho de la UE es una exigencia dimanante del principio de primacia de éste», indica el magistrado en su fallo, que recoge parcialmente las peticiones de los demandantes.

El recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) y Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (Vegap) al considerar que perdían dinero. La Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (Adepi), la plataforma que aglutina a las ocho entidades de gestión de derechos, calcula que autores calculan que han dejado de percibir algo más de 500 millones desde la aplicación de este gravamen. En las cuentas de este año solo se contemplaban cinco millones en este concepto.