El Comercio
Concentración de profesores, padres y representantes sindicales a la puerta del palacio de la Junta General para recoger firmas contra el consorcio de las escuelas de cero a tres años.
Concentración de profesores, padres y representantes sindicales a la puerta del palacio de la Junta General para recoger firmas contra el consorcio de las escuelas de cero a tres años. / Susana San Martín

«Por fin se nos escuchó», celebran padres y docentes al retirarse el consorcio de 0 a 3

  • La Asociación de Escuelas Infantiles luchará para que Educación integre el ciclo en la red pública porque «el modelo actual es inestable»

La manifestación de docentes, padres y sindicatos frente a la Junta General, las más de 16.000 firmas que recogieron y la falta de apoyo de los grupos parlamentarios han logrado frenar el anteproyecto de ley del consorcio de 0 a 3, que iba a estar integrado por el Gobierno regional y los ayuntamientos, y cuyo objetivo era asumir el funcionamiento de las escuelas infantiles y su personal. «Por fin se nos escuchó», afirmó la presidenta de la Asociación de Escuelas Infantiles Públicas del Principado (AEIPA), Henar García. El colectivo era contrario al consorcio porque «en caso de extinguirse, no se especificaba qué iba a pasar con el personal, abría la puerta a la financiación privada y la adhesión de los ayuntamientos solo iba a generar desigualdad, ya que unos, por el plan de viabilidad de pago a proveedores, no podrían hacerlo, mientras que otros sí, y eso conduciría al cierre o privatización de las escuelas».

Como el anteproyecto de ley no ha llegado a tramitarse, el Principado tendrá que volver a dar autorización a los ayuntamientos para hacerse cargo de las escuelas, pese a que la Ley de Racionalización del Sector Público establece que la competencia corresponde a las autonomías. «El convenio no se puede prorrogar indefinidamente; por eso, es un modelo inestable. Lo que queremos es que el ciclo se integre en la red pública, dependa de Educación y sea gratuito», añadió García, que ve en la no tramitación del consorcio “un paso adelante” hacia este objetivo.

Marcha a Oviedo

Por este motivo y para reivindicar más personal, más centros y menos ratios, AEIPA tiene intención de convocar ‘la marcha del chupete’ el día 18 en Oviedo, en la que también trasladará a las familias que, aunque sus bebés no sean admitidos en el plazo establecido, no se den por vencidas, pues si quedan plazas libres podrán sumarse a posteriori. La movilización contará con el apoyo de la Confederacion Asturiana de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Coapa), cuyo representante, Faustino Sabio, también celebró la retirada del consorcio, «un chiringuito con multidirecciones que contradecía el principio de igualdad. Que no haya llegado a buen puerto es bienvenido».

La satisfacción entre los sindicatos fue casi unánime y defendieron la integración del ciclo en la red pública, con carácter gratuito. «La consejería nos ha informado de que no sale adelante y, de esta forma, se nos da la razón: no era la fórmula para gestionar el ciclo de 0 a 3”, señaló FETE-UGT, insistiendo en que “este ciclo debe mantener su carácter educativo y compensador de desigualdades”. Respaldó, asimismo, que el modelo actual, de 2002, sea analizado previamente para subsanar las deficiencias. SUATEA, por su parte, apuntó que “la consejería se ha estrellado por su prepotencia, por no abrir el debate pertinente y elaborar un anteproyecto de ley sin respaldo alguno. Al final, educadoras, padres y sindicatos hemos tenido mayor consenso que el que reunía la Administración por sí sola. La retirada del consorcio es una bofetada a la falta de voluntad política”. ANPE añadió que el borrador del consorcio “no establecía la plantilla de los centros en función del número de unidades y las ratios eran ambiguas”, siendo las de otras comunidades “más ventajosas, y subrayó que con este ente “la consejería hacía dejación de sus funciones”. También llamó la atención sobre el hecho de que “la mitad de los concejos dispongan de escuelas de 0 a 3 y, en cambio, todos los colegios tengan espacios infrautilizados, cuyo uso permitiría la extensión de la red por más concejos y la fijación de población”. Para CC OO, “el marco del consorcio abría la posibilidad a una privatización de las escuelas” e insistió en que “en el aula debería haber no solo un técnico en Educación Infantil, sino también un maestro especialista en Educación Infantil”, para dotarle de mayor valor educativo.

Diferencias salariales del 33%

A diferencia de la Federación de Enseñanza, la Federación de Servicios Públicos (FSP de UGT sí apoyaba el consorcio. “Integrar el ciclo en la consejería nunca estuvo encima de la mesa. Las opciones eran o seguir como hasta ahora o el consorcio” y ésta última, desde su punto de vista, era “la opción menos mala”. Porque “era un ente público, se mantenía el carácter educativo del ciclo, se daba estabilidad a la red de escuelas infantiles, se asumía la plantilla y se homogeneizaban las condiciones de las 522 trabajadoras”. La diferencia salarial, dependiendo del concejo en el que trabajen, llega a ser del 33%. Mientras otras fuerzas sindicales hablaban del peligro de privatización, para FSP “el consorcio alejaba ese fantasma” y alude a que el borrador recogía que “las subvenciones o donaciones del consorcio podrían proceder de entidades públicas o privadas, pero eso no quería decir que las empresas fueran a intervenir en el funcionamiento”. Que el consorcio no haya llegado a debatirse en la Junta y no haya salido adelante es “una solución peligrosa”, agrega, porque “ahora sí que no desaparece el riesgo de privatización”. En periodo preelectoral, “los grupos parlamentarios defienden la integración en la consejería. Nosotros estaríamos encantados, ¿pero quién lo asegura?. El PP en Madrid está privatizando. ¿Por qué aquí no va a ocurrir lo mismo?. Todo dependerá de quién gobierne”.

De momento, la gestión seguirá dependiendo de los ayuntamientos, con la ayuda económica de la consejería, aunque no pocas veces la explotación de los centros deja déficit, que asumen los consistorios. La prórroga del modelo (en el que los ayuntamientos aportan las instalaciones y se hacen cargo del mantenimiento) genera incertidumbres. Buscar una solución definitiva es complejo, admiten numerosas fuentes. No obstante, el presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y alcalde de Navia, Ignacio García Palacios, se muestra cauteloso. Cree que “hay tiempo para reflexionar sobre este servicio, sin apresuramientos”. Primero, porque estamos en tiempo de elecciones y “las leyes pueden cambiar” y segundo, porque con la prórroga, teniendo aún un curso por delante,“aún hay margen para tomar una decisión con tranquilidad”.