El Consejo Social critica que la Universidad «siga financiando a los peores alumnos»

Son solo unos párrafos, pero están cargados de contenido. Claro, conciso y más que contundente, el presidente del Consejo Social de la Universidad de Oviedo hace un alegato a favor de unas normas de permanencia en la institución académica mucho más exigentes y lamenta que el régimen se flexibilizara este curso. Las frases de Ladislao Azcona son rotundas. «El último curso surgió este debate en la Universidad de Oviedo. Y finalmente se acordó que debíamos revisar las normas de permanencia y hacerlas más flexibles. Es decir, la Universidad de todos debía seguir financiando durante más tiempo a los peores alumnos». Y esa flexibilización, insiste, se acordó «por atender las demandas de las familias, por dar una oportunidad adicional a los que quizá han tenido mala suerte en siete convocatorias seguidas, para no 'expulsar' de la Universidad a personas que tenían interés en continuar sus estudios, a pesar de estos antecedentes».

El régimen de permanencia, esa norma que aplican las «universidades de excelencia para penalizar a los alumnos que no estudian, que no están interesados realmente en concluir su formación académica», fue más que discutido y debatido durante el pasado curso y aún durante este que ahora finaliza, cuando, como recuerda Azcona, la normativa se ha revisado.

Para el presidente del Consejo Social la cuestión es de tal importancia que a ella dedica la introducción de la memoria de 2014 de este organismo, recientemente publicada. Bajo el título 'Ambición y excelencia', Azcona hace un alegato a favor de la exigencia a los estudiantes. «En las universidades públicas hemos tenido un debate social y mediático porque los alumnos que, después de siete convocatorias no aprobaban una asignatura, o los que aprobaban menos de dos asignaturas al año, consideraban una agresión el que la Universidad no les permita continuar sus estudios». Y ahí entra el papel de la excelencia. Porque «la paradoja es que la búsqueda de la excelencia pasa por el camino contrario». Sin olvidar los casos excepcionales y situaciones que deben ser atendidas, de índole médica o familiar, por ejemplo, Ladislao Azcona defiende que «la Universidad excelente debería exigir más compromiso a los alumnos, más esfuerzo, hacerles ver la insolidaridad de los que no cumplen, el enorme gasto económico que representa, cómo eso limita las probabilidades de investigar, de tener más medios, de trabajar mejor».

El debate vuelve a estar servido. La normativa sobre permanencia de la Universidad de Oviedo fue aprobada en 2020, pero fue en el curso 2012-2013 cuando los estudiantes lo convirtieron en caballo de batalla. Su lucha, contra las siguientes condiciones: cada curso, los estudiantes tenían que aprobar al menos dos asignaturas; en el tercer año tenían que tener aprobada la mitad de las materias cursadas y el 80% de ellas de primero y, finalmente, disponían de seis convocatorias para cada asignatura (que contaban aunque no se presentaran, además de una de gracia).

Este último punto fue de los más discutidos incluso entre el Gobierno y la universidad. Fue ese desencuentro el que provocó la revisión de la normativa y se acordó que en la primera convocatoria, ésta no contaría si el alumno no se presentaba.

El debate continuó durante todo el curso 2013-2014, que es cuando el reglamento de 2010 empieza a tener consecuencias, ya que había alumnos que no podían matricularse en cuarto, por ejemplo. Las movilizaciones consiguieron que hace solo unos meses se aprobara una nueva modificación, en los siguientes puntos: de los 90 créditos que tienen que tener aprobados en tercer año, 48 deben ser de primero, tal y como sucedía antes, con la salvedad de que los alumnos no son expulsados, pero sí deben aprobar las asignaturas pendientes antes de matricularse en otro curso. Además, se aprobó que nadie fuera expulsado por no tener finalizado el trabajo de fin de grado.

178 expulsados

Explica Azcona que fueron 504 los que solicitaron «una nueva oportunidad» a la Comisión de Permanencia. De esos, se rechazaron 178. Es decir, «más del 60% de las peticiones fueron aceptadas». Critica duramente el presidente del Consejo Social que los estudiantes afirmaran, durante las movilizaciones, que la Universidad «expulsaba a los hijos de los obreros». Él lo tiene claro: «No tenía sentido que unos pocos alumnos que ni siquiera se presentaba a las convocatorias, o asistían a clase o suspendían... durante siete convocatorias... siguieran subvencionados por un sistema buenista y permisivo... cuando faltaba dinero para investigar, para encender la calefacción o para pagar mejor a los profesores. O para dar más becas a los buenos alumnos». Recuerda Azcona que hay universidades privadas «de las más prestigiosas» que expulsan a los alumnos que suspenden una sola materia en primero.

Pese a todo, el Consejo Social aceptó también los cambios. «Todos aceptamos ser más flexibles, dar nuevas oportunidades, rebajar el nivel de exigencia». Con el número de expulsados sobre la mesa, Azcona lamenta «este 'buenismo' tan caro para el dinero público», como lamenta que la sociedad española crea en un «derecho amplio sobre la Universidad, más que un compromiso ambicioso». Y señala con el dedo: «Seguramente buena parte de la culpa de este estado de cosas la tienen los políticos que nunca se han interesado en demasía por la formación, por la mejor formación para la ciudadanía. Y la propia Universidad, que debe abrirse para ser más eficiente».

El presidente del Consejo Social cree que la crisis económica es una oportunidad para abordar un debate crítico y cambios. «No tengamos miedo a esos cambios».