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Educación también recurrirá las reválidas de Secundaria y Bachillerato por «injustas»

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Oviedo. El consejero de Educación, Genaro Alonso, en la inauguración del colegio Carmen Ruiz-Tilve, donde se celebró el acto inaugural del nuevo curso. / PABLO LORENZANA

  • El curso escolar comenzó con 68.470 alumnos en Infantil y Primaria, 545 menos que en 2015. Hoy se adjudican las plazas de interinos pendientes

La Consejería de Educación continuará su batalla contra las reválidas en los tribunales. Después de presentar un recurso contra la aplicación del real decreto que regula las características de las pruebas de evaluación final de sexto de Primaria ante el Tribunal Supremo, seguirá el mismo procedimiento para tumbar las reválidas de cuarto de Secundaria y segundo de Bachillerato. Así lo anunció ayer el consejero, Genaro Alonso, que subrayó la «posición beligerante» que mantiene el Principado en este asunto.

«Entendemos que las reválidas no son justas», manifestó el titular de Educación. A su juicio, estas pruebas no reflejan los resultados de la evaluación continua y «suponen una desautorización para el profesorado». En este sentido, Alonso remarcó que le parece «tremendamente injusto que alumnos que superen todas las materias no obtengan el título si no superan las reválidas». El Principado presentará el recurso contra las pruebas de Secundaria y Bachillerato previstas en la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) «próximamente».

Aunque la normativa que regula las reválidas entró en vigor el pasado 29 de julio, Alonso deposita sus esperanzas en la acción de la justicia: «Confiamos en que, aunque la LOMCE está implantada en un 90%, se pueda derogar ese real decreto». Asimismo, Alonso incidió en que «las reválidas aumentarán el fracaso escolar y supondrán una traba innecesaria para el alumnado, por lo que serán un factor de dificultad en el sistema educativo». Además, agregó que estas pruebas no cuentan con el consenso de las autonomías ni de la comunidad educativa y exigió al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, la celebración urgente de una conferencia sectorial, una solicitud planteada por todas las comunidades gobernadas por el PSOE. En cuanto a la prueba externa de segundo de Bachillerato, que sustituye a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), Alonso denunció que su organización supondrá un importante coste para las autonomías. El consejero se pronunció en estos términos en la inauguración del nuevo curso escolar, cuyo acto oficial tuvo lugar ayer en el colegio público Carmen Ruiz-Tilve, situado en el barrio ovetense de La Corredoria.

El 71%, en la pública

Un año académico que se inició para 68.473 niños del segundo ciclo de Infantil y de Primaria, lo que supone una merma de 545 alumnos respecto al período 2015-2016. En los centros públicos, están matriculados 15.007 en el ciclo de tres a seis años y 34.099 en el que va hasta los doce. Respecto a la red privada-concertada, cuenta con 19.367 alumnos (13.247 en Primaria y 6.120 en el segundo ciclo de Infantil). Estas cifras reflejan que la amplia mayoría de los alumnos acuden a centros públicos. En concreto, el 71%, como publicó ayer EL COMERCIO.

«Esperemos que sea un curso normal, con la LOMCE ya implantada en Infantil y Primaria, donde no esperamos grandes problemas o sobresaltos», auguró Alonso, que puso de manifiesto la apuesta del Principado «por la calidad del sistema educativo asturiano, cuyos resultados nos avalan; lo cual no es óbice para seguir trabajando y mejorando». Para lograr una buena categoría, son fundamentales los docentes, que no se han incorporado en su totalidad a las plantillas de los centros.

Hoy, precisamente, se adjudican las plazas de interinos que quedaron pendientes en la primera convocatoria. Puestos de trabajo que no se cubrieron en agosto por «modificaciones de última hora por ajustes de perfiles o por algunos flecos», indicó el consejero. La elección del colegio público Carmen Ruiz-Tilve para la apertura oficial del curso no fue fortuita. El centro se inauguró ayer después de unas obras de ampliación que sufrieron constantes retrasos, por lo que los alumnos tuvieron que asistir a clase en unos barracones instalados en la parcela durante tres años.

«Inauguramos el curso en La Corredoria porque es una apuesta por la educación en esta zona, que está en expansión, con un crecimiento demográfico claro y probado», señaló el consejero. A su llegada, una docena de representantes de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampas) de centros de La Corredoria expresaron sus protestas por el retraso acumulado en la puesta en pie del segundo Instituto de Educación Secundaria del barrio. Alonso quiso calmar los ánimos y, durante el acto, explicó que «ya se ha lanzado el proyecto de construcción del segundo IES, con 24 unidades». Al evento también asistió el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, que subrayó que La Corredoria «es el barrio más importante de la capital hoy por hoy».

Críticas de los sindicatos

No solo los vecinos de esta zona pusieron sobre la mesa sus reivindicaciones. También lo hicieron los sindicatos. ANPE-Asturias reclama la adecuada dotación de profesorado en los centros educativos. «Es inaceptable la tasa de interinidad que impide la consolidación de los proyectos educativos, y, dentro de ella, la proliferación de itinerancias y de medias jornadas, 800 de las 2.500 contrataciones», apuntó el presidente del sindicato en la comunidad, Gumersindo Rodríguez.

Otra de sus prioridades de cara al curso que comienza es «la reversión de los recortes: reducción de horas lectivas, aumento del profesorado de apoyo, mantenimiento de los desdobles, incorporación de los interinos al Plan de Evaluación y recuperación salarial», entre otras medidas. Por su parte, la secretaria de Enseñanza de FETE-UGT en Asturias, Maximina Fernández, lamentó que la aplicación de la LOMCE «sigue paso firme». Criticó que, pese a sus críticas, el Principado «nunca se ha planteado suspender su implantación o minimizar algunos de sus aspectos más perversos».

Por su parte, el colectivo 'Maestros Capacitados' mostró su desacuerdo con las declaraciones del consejero a RPA acerca de la adjudicación de plazas a docentes con discapacidad. El colectivo denunció que no se había respetado la reserva del 7% plazas en las oposiciones, ya que solo se habían adjudicado cinco. Alonso señaló que habían cumplido con el acuerdo firmado, en julio, con los sindicatos «por unanimidad». La secretaria de la asociación, Covadonga García, recordó que «hay una sentencia que dice que se están vulnerando nuestros derechos constitucionales».