El Comercio

Educación prevé recurrir la sentencia que facilita a los interinos el cobro del plus salarial

  • Genaro Alonso mantiene que «la evaluación docente está pensada para los funcionarios porque su trabajo es continuado y no está sometido a periodos de inactividad»

El consejero de Educación, Genaro Alonso, enfrió ayer el entusiasmo que el Tribunal de Justicia Europeo ha generado en el colectivo de docentes interinos al estimar que sí tienen acceso a la evaluación docente en el Principado, que entró en vigor en 2010 y está orientada a los funcionarios de carrera con cinco años de antigüedad, y por tanto al cobro del plus salarial que, en caso de superarla, asciende  a 132 euros, en el caso del cuerpo de maestros, y a 206, en el de profesores de Secundaria. Durante su visita a la Casa de Les Radios, en el concejo de Bimenes, anunció que en el caso de que el Juzgado de los Contencioso Administrativo número 1 de Oviedo (que fue el que consultó a la Justicia europea) dictamine a favor del  caso de un interino con más de 16 experiencia, como así se prevé, la consejería "estudiará la sentencia, para en su caso, si lo estimamos, recurrirla, y cuando sea firme de aplicación, la cumpliremos".

Fuentes judiciales explican que el fallo del juzgado asturiano sí será recurrible, pero no el auto del Tribunal de Justicia Europeo, que sienta las bases para que más de un centenar de interinos que han presentado demandas en el mismo sentido vean reconocido su derecho. El conjunto de beneficiados puede ser mucho mayor, ya que solo en el último plan de evaluación docente, que es de adhesión voluntaria, 913 quedaron excluidos por su función de interinos.

Según Alonso, la consejería sigue manteniendo que "el plan de evaluación docente está pensada, por su propia naturaleza, para los funcionarios de carrera porque una evaluación presupone la valoración de un trabajo continuado y no de una labor parcial o sometida a periodos de inactividad".

Respecto a la postura del Principado, ANPE ha declarado que el Gobierno regional «mantiene un posicionamiento contumaz y rebelde frete a la normmativa europea de directa aplicación, rayando, según los expertos consultado, en la prevaricación».