El Comercio

Los sindicatos cifranen dos millones al año el coste de pagar el plus a los interinos

Genaro Alonso, esta semana, en la Escuela de Idiomas de Llanes.
Genaro Alonso, esta semana, en la Escuela de Idiomas de Llanes. / NEL ACEBAL
  • Instan al consejero de Educación a abrir una mesa de negociación cuanto antes y advierten de que su aplicación deberá ser retroactiva

Los sindicatos recibieron la noticia de que se permitirá a los profesores interinos acceder al Plan de Evaluación Docente con indisimulada satisfacción, pero también sin bajar la guardia. El consejero de Educación expresaba en la Junta el jueves su intención de «no judicializar» este asunto, abriendo el camino así a que los interinos puedan acceder a las bonificaciones económicas que se conceden a través de la citada evaluación.

En opinión de los sindicatos, no hay que perder más tiempo. Así, ANPE, Suatea, UGT y Comisiones Obreras urgían ayer a Genaro Alonso a ponerse a trabajar y a abrir cuanto antes una mesa de negociación con los representantes de los trabajadores para sacar adelante los cambios que sean necesarios para que en la próxima convocatoria, que se prevé para marzo del año que viene, los interinos que así lo deseen -la adhesión a este plan es voluntaria y ha de solicitarse- puedan participar en esta evaluación.

El propio consejero reconocía que los costes que implica esta iniciativa -que llega tras sendos fallos judiciales, uno de la Unión Europea y otro del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo que indican que no se puede discriminar a los trabajadores en función de la duración de su contrato- serán elevados. Y los sindicatos ponían números a esta cuantía: en torno a los dos millones de euros al año, como mínimo. Ya que esta cifra solo tiene en cuenta al cerca de un millar de interinos que quedaron excluidos en la última convocatoria, en mayo de este mismo año. No incluye este cálculo la posibilidad de que el pago de estos pluses -132 euros mensuales a los maestros y 206 a los profesores de Secundaria- pudiera tener carácter retroactivo. El Plan de Evaluación Docente está vigente desde el 1 de enero de 2010.

Conseguir esa retroactividad será una de las principales metas que se marcará Comisiones Obreras. Así lo explicaba Enrique Fernández, quien considera que la «pregunta del millón» es saber de dónde piensa obtener la consejería los fondos para financiar esta cuestión, al tiempo que lanzaba una advertencia a Alonso: «No hay que recortar de lo que ya hay, sino aumentar el presupuesto en Educación».

En ANPE, el sindicato que presentó la demanda en nombre de un interino excluido en las convocatorias de 2015 y 2016 que ha dado origen al pronunciamiento de los tribunales europeos, también aludían a la retroactividad al tiempo que instaban a los interinos a no retirar sus recursos.

Gumersindo Rodríguez recordaba el caso de los sexenios de los interinos. «Es similar. A quienes habían reclamado se les aplicó desde la fecha en la que lo hicieron, cobrando cuatro años, y a quienes no, desde que todo fue firme», recordó. ANPE hizo especial hincapié en no bajar la guardia, enviando un mensaje al cerca de un centenar de interinos que han recurrido a la Justicia. «El que no haya acudido a la vía judicial no cobrará ni 2015 ni 2016», incidieron en este sindicato.

En una línea similar se expresaba Maxi Fernández, de UGT, quien entiende también que la retroactividad afectará al menos a los recursos que ya están en el juzgado y aseguró que, si hay voluntad, «da tiempo perfectamente» a acometer las modificaciones que sean precisas para equiparar a los interinos, que suponen el 30% del profesorado, con el resto de profesores.

Isabel González, de Suatea, apuntaba la idoneidad de esta situación para abordar un cambio total. «Estamos en contra de ese plan de evaluación que aquí se inventaron -Asturias es la única comunidad autónoma con este sistema- y lo que planteamos es que se pague a todos por igual y sin que haya evaluación. Que haya una subida salarial para todos sin condicionantes», defendió González, quien indicó la necesidad de estudiar si en lugar de una modificación del Plan de Evaluación Docente habría que ir directamente a la derogación, término este último que también barajó Genaro Alonso durante su comparecencia.

Mientras, en la Consejería de Educación no dan más pistas de por dónde encaminarán ahora sus pasos tras asumir Alonso en la Junta que, aunque el plazo para recurrir el fallo que obliga a equiparar a interinos y funcionarios de carrera siga abierto, el derecho europeo prevalece sobre la normativa interna.

La fecha para que todo esté resuelto la marcaba el propio consejero: el primer trimestre de 2017. Y aunque aludía a la complejidad que supone incorporar a los interinos a esta evaluación, los sindicatos incidían ayer en que es solo una cuestión de voluntad.