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Alumnos del Patronato San José, uno de los centros afectados por los recortes.
La concertada defiende sus plazas

La concertada defiende sus plazas

El plazo para alegar contra el cierre de 32 aulas finaliza hoy. El consejero promete tener en cuenta las solicitudes de matrícula para el próximo curso, la petición más reclamada por los centros

d. lumbreras / e. rodríguez

Miércoles, 26 de abril 2017, 14:16

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Se cierra hoy el plazo para que los colegios concertados presenten sus alegaciones al cierre de 32 unidades. El consejero, Genaro Alonso, se ha comprometido a tener en cuenta las solicitudes recibidas por los centros para el curso que viene, la principal petición del sector y que, hasta ahora, había descartado al no estar recogido en el Reglamento de Conciertos. «Si es determinante en su variación, lo consideraremos», puntualizó. La resolución definitiva estará lista para el 9 de mayo.

Mientras, la concertada defiende sus reclamaciones y rechaza el cierre de aulas. «Si se van a firmar los conciertos para el curso que viene, deberían esperar a tener datos reales y no hipótesis», señala Covadonga Fernández, directora del colegio San José de Sotrondio (San Martín del Rey Aurelio), el más afectado por los recortes puesto que Educación pretende cerrarle una unidad de Infantil, tres de Primaria y una de primero de la ESO.

«Nunca antes en la historia de los conciertos han recortado cinco aulas al mismo centro a la vez. Es una barbaridad. Y que, encima, se anuncie en pleno periodo de admisión de alumnos, un atropello, cuando es una propuesta provisional». Especialmente doloroso resulta el cierre de primero de ESO, porque los alumnos de sexto de Primaria tendrán que abandonar el colegio e implicará el progresivo desmantelamiento de la etapa. «Los padres están indignados y han dicho que se quedan». Con las solicitudes, confía en llegar a la ratio media del concejo (con la que discrepa, al perjudicar a los núcleos pequeños). Salvarían tres aulas.

«Si se espera al cierre, se podrá determinar si el centro cumple con la ratio exigible o no», añade Adolfo José Hernández, del colegio San Antonio de Ciaño (Langreo), que perdería dos unidades de Primaria y una de ESO. «No estoy conforme, porque las ratios que la Administración utiliza para mantener o cerrar aulas las calcula teniendo en cuenta el número de alumnos por profesor en los centros públicos del concejo. Pero, al aplicarlas a los concertados, lo hace solo por aula. Es una discriminación manifiesta; cumpliríamos la ratio si se aplicase calculándola por profesor», dice en alusión a otra de las principales alegaciones de la concertada.

Truncado el paso de etapa

Las familias de La Salle de Ujo salieron el viernes a la calle para protestar por los recortes: una unidad de Infantil y otra de primero de la ESO. Con este último cierre, «los alumnos de Primaria ven truncada su escolarización al acabar la etapa, que irá progresivamente desapareciendo, y se les pide que se desplacen diariamente a otro centro de Mieres, a siete kilómetros», explica Eladio Ruiz. Como muchos, comenta que los recortes no solo afectan a la escolarización, sino también al empleo y a toda una población. «Ni Ujo ni sus núcleos limítrofes cuentan con ningún centro que oferte Secundaria», añade.

A esa única oferta se refiere también Fernando Redondo, del colegio Sagrada Familia-El Pilar, en Lena, que perdería el ciclo de grado superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red, «único en el concejo y en las dos cuencas, la del Caudal y la del Nalón». Con autorización para matricular a un máximo de veinte alumnos, cuando la ratio para Lena está en veintiuno, argumenta que en su caso el criterio demográfico «no tiene sentido» ya que «nuestros alumnos tienen más de veinte años». Son chavales «que, al finalizar, el 90% tiene un contrato de trabajo». Su centro tiene, además, una estrecha vinculación con la empresa al colaborar con Educación en la FP dual. La consejería también planea echar el cerrojo a un aula de tercero de la ESO: «Las familias no tienen opción de elegir centro, se les condiciona de antemano».

El único colegio religioso que hay en la villa de Mieres es el Santo Domingo de Guzmán, con cien años de historia y que perdería dos unidades de Infantil (de tres y cuatro años), cuando hasta la fecha hay 34 familias interesadas. «Veo muy cerrada a la consejería y debería escuchar nuestras alegaciones, porque seguro que se pueden salvar aulas», señala Yolanda Suárez, directora del centro que, además, supera la ratio de Infantil que marca la consejería. Es de 19,3 frente a la media de 16 del concejo.

Y a 0,67 puntos se queda Nuestra Señora del Rosario de Langreo, para el que se plantea un aula menos en Infantil. «Es un hecho puntual sin precedente», dice su director pedagógico Javier Sánchez, quien especifica que «éste no es un centro en declive. Con la previsión de matrícula, superamos la ratio de la consejería».

En Oviedo, el colegio Nazaret sería el más afectado, con una unidad menos de ESO y otra de Infantil (de cuatro años). Preocupa especialmente esta última, ya que se «basa en las irregularidades que cometió Educación el curso pasado», indica José García en referencia a que «se cerró en verano un aula de tres años sin esperar a septiembre, cuando teníamos más de treinta solicitudes y hubo que dejar a seis niños fuera». Es una decisión recurrida judicialmente por el centro, la plantilla y los padres de dos niños excluidos.

Alumnos desfavorecidos

«Inesperada» fue la noticia de que se iba a suprimir una unidad del grado superior de Mantenimiento Electrónico del centro de FP Revillagigedo, en Gijón. «El número de matriculados mantenía la tendencia de los últimos años y era incluso superior a la cifra de la pública», explica José Luis Casaprima, quien alude a «un 80% de porcentaje de inserción, incluso durante los años de la crisis», y a una calidad de la enseñanza «avalada por las empresas, que optan por quedarse con nuestros alumnos».

Atiende a alumnos socioeconómicamente desfavorecidos, igual que lo hace el Patronato San José, con 114 años de trayectoria, recuerda Franselina Rodríguez. Según esa propuesta provisional, el centro perdería un aula de tres años, igual que el Santo Ángel, cuya directora, Ana Caso, lamenta que «Educación decida por los demás. Cerró vacantes en la plataforma SAUCE, sin esperar ni respetar las fechas del periodo de solicitud de las familias, cuando nos pide al resto que cumplamos con los plazos que ella misma establece». «No había por qué y, con ese proceder, nos condiciona de antemano. Lo que discutimos, sobre todo, es la forma».

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