Podemos pide un listado específico para docentes con discapacidad

Podemos pide un listado específico para docentes con discapacidad

Recuerdan que el consejero de Educación, Genaro Alonso, se comprometió «públicamente» en un Pleno a solucionar este problema

EFE

La diputada regional de Podemos Lucía Montejo ha avanzado hoy que su grupo defenderá una proposición no de ley para que se elabore un listado específico de personas con discapacidad en los cuerpos docentes para que se aplique en las plazas, bolsas y listados de interinos.

Montejo ha explicado que existen sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que instan al Gobierno regional a elaborar dicho listado y a reservar un siete por ciento de las plazas que salgan a oposición para personas con discapacidad, y que de no ser cubierto dicho porcentaje deberá acumularse para la siguiente convocatoria.

En este sentido ha lamentado que no exista dicho listado, que el Gobierno regional no sepa "cuántas personas" con diversidad funcional trabajan actualmente en la administración pública, y que no se esté respetando el cupo del siete por ciento, ya que las personas con discapacidad que han accedido a una plaza lo han hecho por puntos, por lo que habrían accedido sin aparecer en el listado.

Además, ha recordado que el consejero de Educación, Genaro Alonso, se comprometió "públicamente" en un Pleno a solucionar este problema, a pesar de que un año después no haya hecho nada, y ha criticado que el Gobierno predique la atención a la diversidad al mismo tiempo que niega los derechos a los docentes con diversidad funcional.

El representante del colectivo Maestros Capacitados, Javier Tapia, ha lamentado que sólo se tenga en cuenta a este colectivo en la primera convocatoria de oposiciones del curso, aunque en muchas ocasiones tampoco se aplica esta medida, mientras que en las sucesivas convocatorias del curso "ni aparecen" plazas reservadas para personas con discapacidad.

Por último, ha declarado que el Gobierno regional juega con el "desconocimiento" para evitar las protestas de su colectivo, ya que sin una lista oficial de docentes con discapacidad que opositan a plazas de profesorado, no puede demostrar si se está cumpliendo con dichas sentencias ni saber qué porcentaje de discapacitados está trabajando en la educación pública.

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