Save the Children denuncia el aumento de la segregación escolar en España

La organización considera que este proceso es «uno de los principales problemas del sistema educativo español y una barrera para la equidad», porque «limita las posibilidades de la infancia (sobre todo de los grupos más vulnerables), al incrementar las tasas de repetición y las de abandono escolar temprano».

El documento indica que España es el sexto país de la UE con mayor segregación escolar y, lo que es más grave, que esta desigualdad en el perfil de los alumnos entre colegios no para de crecer, ya que ha aumentado un 13,4% en el decenio que va de 2006 a 2015, con un crecimiento especialmente acelerado -del 14,5%- entre 2012 y 2015, los años de los recortes educativos durante la crisis.

El foco principal de este fenómeno, según la ONG, es la Comunidad de Madrid, con el índice de segregación escolar más alto de la UE -solo superada por Hungría- y con un crecimiento de la distribución desigual entre colegios del 35,8% desde 2006, lo que suponer doblar la media nacional. Solo Cataluña supera también el índice medio de segregación escolar de la UE, con el resto de la comunidades españolas por debajo y con los ejemplos de distribución más equitativa de alumnos en Baleares, Aragón, Cantabria y Comunidad Valenciana.

Este proceso de segregación escolar da lugar a la aparición de los colegios con alta o muy alta concentración de alumnos de perfil socioeconómico bajo, con porcentajes de entre el 26% y el 50% de estudiantes de estas características en sus aulas, en el primero de los casos, y de más del 50%, en el segundo. El estudio de Save de the Children señala que existe una gran concentración de niños vulnerables en el 46,8% de los colegios españoles y que uno de cada diez puede considerarse «centro gueto», porque los estudiantes con menos recursos suman entre el 50% y el 100% de los alumnos.

Lo llamativo, destaca la ONG, es que nueve de cada diez centros de alta o muy alta concentración de alumnos de perfil socioeconómico bajo es un colegio de la red pública, por solo un 10% de la red privada. Añade que si se tiene en cuenta que los centros privados concertados -financiados con dinero público- escolarizan al 28% de los estudiantes del país, «podemos hacernos una idea de la falta de corresponsabilidad de esta red en la labor de contribuir a la igualdad de oportunidades y a la equidad educativa».

El análisis defiende que, mientras no cambien las políticas educativas para atajar este problema, los alumnos de los colegios de alta concentración -en los que estudian el 72% de los niños de familias más vulnerables- parten con todas las desventajas para su progreso educativo, personal y social. «Es intolerable la situación que vive casi la mitad del alumnado en España, con un acceso a recursos educativos precarios y que no responden a las necesidades especiales que requieren. El Estado debe garantizar políticas que aseguren una educación equitativa que no deje atrás a los niños y niñas que proceden de entornos socioeconómicos más desfavorables impidiéndoles romper así con el círculo de la pobreza», demanda Andrés Conde, director general de la ONG.

Estos colegios, describe el informe, son centros de alta complejidad, con un 33% de alumnos con necesidades de apoyo lingüístico y un 10% con necesidades educativas especiales; que carecen de los recursos adicionales precisos para cubrir esa demanda; que sufren «la huida de profesorado más cualificado»; y que además carecen de actividades extraescolares en más de la mitad de las ocasiones. En el caso de los «centros gueto» su perspectiva es aún peor, pues parten de una desigualdad de oportunidades radical. Los padres de dos de cada diez de sus escolares carecen de estudios universitarios, albergan entre dos y tres veces más alumnos inmigrantes, sus expectativas de llegar a la universidad son mínimas, y tienen cuatro veces más posibilidades de repetir curso que los niños de colegios con alta concentración de un perfil socioeconómico medio y alto.

Save the Children reclama cambios en la política de planificación de centros y zonas educativas y de admisión de alumno (incluidas las cuotas mínimas y máximas obligatorias y el cierre de grupos o centros) para reducir la segregación y lograr un reparto social más equitativo por centros escolares. También pide un plan de choque para apoyar a los centros de alta concentración de alumnos vulnerables, que prevea recursos económicos y humanos adicionales de refuerzo suficientes, incentivos para que el profesorado más preparado los elija o no los abandone, y la puesta en marcha de proyectos educativos innovadores que mejoren su formación y resultados.