Juana Rivas, cada vez más sola en su huida

Juana Rivas, cada vez más sola en su huida

La Junta de Andalucía considera que «no puede estar escondida para siempre» y su abogada aclara que la decisión es «unilateral»

ALFONSO TORICES MADRID.

Juana Rivas ignoró ayer por tercera vez en menos de un mes la citación de un juez para que comparezca ante los tribunales que llevan su caso y para que entregue de inmediato a sus dos hijos, de 3 y 11 años, a su excompañero, Francesco Arcuri.

La vecina de Maracena (Granada) huyó con los menores hace ahora 26 días para eludir, el 26 de julio, el ultimátum que le dio el Juzgado de Familia número 3 de Granada para que ese mismo día devolviese los niños a su padre. Trece días después, el 8 de agosto, también dio plantón al titular del Juzgado de Instrucción número 2, que la citó para interrogarla por los delitos de sustracción de menores y desobediencia a las resoluciones judiciales, lo que desembocó en la emisión de una orden de detención contra ella, para su puesta a disposición del juzgado y para garantizar la devolución de los menores al padre. Ayer volvió a ignorar la citación del Juzgado 3 de Familia que, a petición del padre, celebró una vista para acordar medidas excepcionales y urgentes para garantiza la protección de los niños.

La titular del juzgado, tras estudiar las demandas de Arcuri, podría emitir una resolución en las próximas horas en la que no es decartable que reclame el auxilio de la Policía y la Guardia Civil para que localicen y recuperen a los niños. El progenitor, que en 2009 fue condenado por maltrato conyugal y al que Rivas ha denunciado por agresiones y vejaciones posteriores, también ha pedido a la magistrada que prohíba de manera cautelar la salida de los menores del territorio de la UE, que se bloqueen sus pasaportes y que se averigüe si Rivas tiene permiso de armas.

Tras casi un mes en paradero desconocido, Juana Rivas cada día está más sola en su decisión de prolongar su desobediencia a las resoluciones de los tribunales. En los primeros días, recabó un gran volumen de apoyo popular, pero también de las instituciones, ante lo que parecía una estrategia para evitar entregar a los niños a un padre, al que acusa de maltratador, mientras apuraba los últimos recursos judiciales para paralizar la sentencia que le facultaba a llevárselos de vuelta a Italia.

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