«Con Lucía falló todo, nadie tomó medidas para evitar su suicidio»

Antonio Casado./
Antonio Casado.

Antonio Casado, el letrado de la joven murciana que se suicidó por el acoso escolar, pide un protocolo nacional para todos los colegios

Alfonso Torices
ALFONSO TORICESMadrid

Lucía, una adolescente de 13 años de la pedanía murciana de Aljucer, se quitó la vida hace poco más de un año, el 10 de enero de 2017. Se ahorcó con un cinturón en su propia habitación, tras dejar una escueta y amarga nota de despedida. Fue su último acto de desesperación tras dos años de incesante acoso por parte de varios de sus compañeros de instituto, que la insultaban, vejaban y empujaban con la excusa de su sobrepeso o, más tarde, de su pelo de colores y su vestimenta gótica. Una persecución que ni siquiera cesó cuando, en un intento de buscar una salida al acoso, esta estudiante brillante cambió de centro educativo.

Su muerte fue un aldabonazo social. Volvió a colocar el gravísimo problema del acoso escolar en el centro del debate. Una lacra para la que no hay cifras oficiales en España, pero de la que sí se sabe que va en continuo aumento. Se han multiplicado por siete los casos denunciados en los teléfonos de ayuda en siete años -solo el teléfono oficial del Ministerio de Educación recibió 8.500 alertas en 2017- y es la segunda causa de violencia contra la infancia detectada por la Fundación ANAR. Esta organización avisa de que la media de edad de las víctimas de acoso ha bajado a los 10,9 años, que el 76% sufre vejaciones y ataques diarios, que la mayoría tarda más de un año en pedir ayuda, y que el ciberacoso es un fenómeno en crecimiento exponencial entre los adolescentes, pues ya supone el 26% de todos los casos de 'bullying'.

«Lucía no veía ninguna salida a la oscuridad en la que consideraba que estaba su vida y, después de un intento frustrado de suicidio, dos cartas y varias notas avisando de sus intenciones, decidió ahorcarse», recuerda Antonio Casado, el abogado especializado que investigó la tragedia por encargo de los padres de la fallecida. «En el caso de Lucía falló todo, colegio, administración, compañeros. Nadie se percató de la gravedad del asunto ni tomó las medidas adecuadas para impedir el suicidio de la niña», lamenta Casado, que, junto a la periodista María Zabay, que también sufrió en sus carnes el acoso escolar, decidió escribir un libro para que chicos, padres y comunidad escolar puedan detectar, evitar y solucionar esta lacra.

'Todos contra el bullying' (Alienta Editorial) es el resultado de decenas de conversaciones con magistrados de menores, policías, psicólogos, educadores, orientadores, maestros y alumnos víctimas y testigos. Es su contribución contra la «enorme desinformación» que detectó mientras investigaba el caso y también su forma de cumplir su compromiso con Joaquín y María Peligros, los padres de Lucía: «Intentar que su muerte no fuese en vano y contribuir a reducir el 'bullying' en las aulas y a que ningún otro niño termine quitándose la vida».

Su consejo para las víctimas es que, «primero, planten cara al acoso y al acosador y, segundo, que lo cuenten, a sus padres, al profesor, a otro alumno, o mejor a todos». De hecho, ambos autores consideran clave el papel del alumno testigo del acoso. «Debe dejar de ser partícipe, de consentir por la vía de hecho. Tiene que ser el que lo cuente, a los padres, a los profesores o al teléfono de ayuda. Esto hay que fomentarlo en el colegio, que nadie le vea como un chivato, sino que se le premie por denunciar. Y si es valiente, debe plantar cara al agresor».

El papel de los padres, indica Casado, es doble. «Por un lado, deben hablar con profesores o con los padres del agresor, para ver si es posible arreglarlo. Caso contrario, activar el protocolo y, si es preciso, denunciar en la policía. Pero también, deben estimular a sus hijos, hacerles ver todas sus virtudes y dejarles claro que de esto se sale».

Los profesores, destaca, «tienen la labor más complicada». «Han de crear un clima de convivencia y de tolerancia cero. Favorecer una clase con valores, pero también controlar y aplicar los protocolos. Prevención y control». La policía, sobre todo la local, considera que puede aumentar su presencia en los colegios y su contacto con alumnos y profesores, para prevenir los conflictos, como ocurre con la figura del policía-tutor en la localidad murciana de San Pedro del Pinatar. La Fiscalía de Menores, destaca, está consiguiendo acabar con muchos hostigamientos a escolares apostando más por los actos de conciliación -con petición de perdón del agresor- que por los juicios.

Con los políticos y las administraciones públicas lo tiene claro. Les reclama «un protocolo nacional contra el acoso, válido para todos los colegios del país», que unifique lo mejor de las dispares normas autonómicas, y prohibir el uso de móviles en los centros, para evitar incidentes en las aulas y minimizar el creciente ciberacoso.

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