Mil millones para luchar contra la violencia machista en cinco años

Concentración contra la violencia de género en Badajoz. / J. V. Arnelas

Los partidos acuerdan 200 medidas para luchar contra esta lacra que se ha cobrado ya la vida de 31 mujeres durante 2017

Daniel Roldán
DANIEL ROLDÁNMadrid

Después de seis meses de debate, la subcomisión que busca un pacto de Estado contra la violencia machista tiene un documento de consenso, aunque todavía falta mucho trabajo por realizar y que sea aprobado la semana que viene. Los grupos parlamentarios han dado su visto bueno, en la última jornada de trabajo de esta semana, a 200 medidas y a un presupuesto de 1.000 millones en cinco años para luchar contra esta lacra. Una memoria económica que los partidos de la oposición consideraban fundamental para que el acuerdo fuera viable; otra de las medidas “fundamentales” es que este este pacto tenga una comisión no legislativa de seguimiento, a semejanza del Pacto de Toledo, para que vigile el cumplimento de los acuerdos.

Pero, según insisten fuentes parlamentarias, “todavía no está cerrado el acuerdo definitivo” que se irá limando en los próximos tres días con la redacción definitiva del texto, la parte introductoria y el resumen de las decenas de expertos que han aportado su punto de vista para lograr el máximo consenso.

Un documento que deberá ser leído y aprobado el próximo lunes en una nueva sesión en la Cámara baja. Después de tener luz verde, el proyecto se elevará a la Comisión de Igualdad el viernes 28 de julio para que lo remita al pleno de los Congreso de los Diputados, que no lo estudiará hasta septiembre.

El tira y afloja con el documento se inicia en el primer punto, en la propia definición de violencia de género, que se acogerá al Convenio de Estambul. Un tratado, ratificado por España en 2014, que contempla como delito todas las formas de violencia contra la mujer: la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación; la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso, el aborto forzado y la esterilización forzada. Además, algunos partidos quieren incluir en ese mismo punto una disposición para reclamar una ley integral contra la explotación sexual.

Papel de los ayuntamientos

Otras de las medidas que se han negociado es la fórmula para limitar las visitas de los maltratadores a sus hijos. Se trata de evitar casos en los que los agresores ejerzan sobre sus hijos la violencia que ya no pueden descargar en su exmujer o que busquen venganzas en los días que pasan con los menores. Algo que puede derivar en la muerte de los niños, como ya ha ocurrido al menos en una veintena de ocasiones en la última década. El pacto también podría incluir otra medida de seguridad propuesta en el Congreso por el Observatorio contra la Violencia de Género. Su presidenta, Ángeles Carmona, pidió una modificación del Código Penal para que sea preceptivo que las sentencias contra homicidas, autores de lesiones graves o maltratadores habituales incluyan la pena de retirada de la patria potestad.

Por otra parte, los grupos parlamentarios quieren que los ayuntamientos recuperen parte de las competencias en la promoción de igualdad de género entre hombres y mujeres y en materia de violencia machista, a través de una reforma de la ley de régimen local, y modificar los criterios de acreditación de la condición de víctima, que se podrá realizar a través de las sentencias. También se quiere fomentar las unidades de apoyo en el ámbito local.

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