El Supremo respalda las denuncias públicas por abusos sexuales

La Sala Civil anula la condena a dos exgimnastas a las que Jesús Carballo denunció por dañar su honor al acusarlo de vejaciones

MATEO BALÍN MADRID.

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por tres antiguos integrantes del equipo del ex entrenador nacional de gimnasia artística Jesús Carballo. Se trata de dos alumnas y un entrenador que fueron condenados por la Audiencia Provincial de Madrid al pago de 30.000 euros por intromisión ilegítima en el derecho al honor. Los hechos se enmarcan en las declaraciones relacionadas con los abusos sexuales de los que habrían sido víctimas una de las gimnastas demandadas y otras compañeras.

La sentencia recurrida justificó la prevalencia del derecho al honor del demandante sobre la libertad de información de las personas demandadas porque, aunque no podía afirmarse que las palabras hubieran sido falsas, «no estaba acreditado que fueran ciertas o veraces». Curiosamente, esta sentencia que 'respalda' las denuncias contra los presuntos abusadores se dió a conocer el mismo día en que otra gimnasta, Simone Biles, estrella en los últimos Juegos de Río, confirmaba que también había sufrido abusos sexuales por parte de Larry Nassar, exmédico de la selección estadounidense quien fue condenado a 60 años por pornografía infantil. Un fallo que puede ayudar a romper el muro del silencio de las víctimas de abusos sexuales, como el de Aranda de Duero o el juzgado 'caso de La Manada'.

En el caso juzgado, el tribunal se refiere a la entrevista aparecida en 2012 en 'El País' en la que dos gimnastas a las que Carballo entrenó a finales de los setenta, Gloria Viseras e Irene Martínez, le acusaron de abusos sexuales y trato vejatorio. Los jueces desestimaron las denuncias penales porque el presunto delito había prescrito y porque no encontraron indicios, pero el asunto acabó en la vía civil tras la demanda de Carballo, de 73 años, a sus exalumnas por intromisión de su derecho al honor. La Sala Civil del Supremo concluye que la forma en la que ha sido aplicado por la Audiencia Provincial de Madrid «no es correcta». «La exigencia de veracidad, incluso cuando se aplica a quien no actúa como informador profesional, sino en la comunicación pública de hechos en los que se ha visto involucrado personalmente, no puede consistir en la exigencia de aportación de una prueba de la realidad de los hechos denunciados más allá de toda duda, especialmente cuando, como en este caso, se trata de hechos difíciles de probar por las peculiaridades de los posibles abusos, su carácter clandestino y su lejanía en el tiempo», explica en el fallo.

Demasiada exigencia

La sala entiende que el estándar de prueba de los abusos que la audiencia ha impuesto para poder descartar la intromisión ilegítima en el derecho al honor del supuesto agresor «es igual e incluso superior al exigido para dictar una sentencia penal condenatoria». «Este canon de veracidad tan exigente supondría en la práctica considerar ilegítima y susceptible de condena la práctica totalidad de las denuncias públicas de este tipo de conductas, que por su carácter clandestino, por los espacios de intimidad en los que se producen, por la minoría de edad de sus víctimas y por el tiempo que transcurre hasta que las víctimas se atreven a denunciarlo, resultan muy difíciles de probar con el rigor que sería necesario para obtener una condena penal», añade. Ello no significa que se considere probado que el demandante cometiera los actos. El tribunal es consciente de la gravedad de este tipo de acusaciones y del daño que pueden causar a la persona afectada y exige por ello «un especial cuidado en la ponderación de los derechos en conflicto», pero entiende que una exigencia de prueba de la veracidad de tal rigor impediría la denuncia pública de ese tipo de conductas y cargaría a las víctimas y testigos que los denuncian con el grave riesgo de ser condenados civilmente. Por ello, si la denuncia pública tiene «suficientes visos de seriedad y una cierta verosimilitud y no hay prueba de que sea falsa ni motivada por mala fe», no procede condenar al denunciante por intromisión ilegítima.

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