El Gobierno advierte que mantener la edad legal de jubilación en los 65 años implicaría recortar o congelar la cuantía de la pensión ante el envejecimiento de la población. «La Seguridad Social sólo puede pagar lo que ingresa». «Nuestra propuesta no supone que las pensiones sean más bajas, sino que se paguen más tarde». De esta manera, justificó el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, el deseo del Ejecutivo de alargar la vida laboral hasta los 67 años.
Mientras tanto, los portavoces parlamentarios de la Comisión del Pacto de Toledo (acuerdo político suscrito en 1995) se pronunciaron sobre el retraso de la jubilación. La más optimista fue la diputada del PSOE, Isabel López i Chamosa, quien se mostró segura de que «habrá acuerdo político y social». Por el contrario, el más pesimista fue el representante de IU, Gaspar Llamazares. A su juicio, el entendimiento es imposible. Cualquier aproximación de criterios pasaría por que el Gobierno retirara su pretensión.
Granado, tras presentar la evolución de la Seguridad Social en enero, insistió en que la garantía que busca el Ejecutivo no es para ahora, sino para dentro de unas décadas, cuando haya 15 millones de pensionistas que atender. «Si no retrasamos la edad de jubilación es preciso buscar otras alternativas», dijo, para recordar a continuación que, por ejemplo, las pensiones en Alemania «llevan cuatro años congeladas». En definitiva, se trata de un plan para evitar que los retiros «sean más bajos».
Sin plazos
El secretario de Estado asumió que la propuesta es «polémica», pero resaltó que es preciso abordarla y no pasar «la pelota» a otros gobiernos, tal y como hizo José María Aznar. Para Granado, es imprescindible afrontar que «vivimos muchos más años y entramos más tarde al mercado laboral». Reiteró que el proyecto del Gobierno se aplicaría durante un periodo de tiempo muy dilatado. En este sentido, subrayó que el documento no recoge plazos para la implantación de la medida y apuntó que el comentario de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, sobre que 2025 era el horizonte para completar el retraso, lo dijo a título de ejemplo.
Ante la posibilidad de que el listón de los 67 años se pueda variar, el secretario de Estado guardó silencio. «La propuesta es un mandato de sus señorías, el Parlamento expresa la opinión soberana del pueblo y el Gobierno cumple», se limitó a añadir, al mismo tiempo que resaltó de nuevo que se trata de un documento para el acuerdo. «Y, nos hubiera gustado -continuó- buscar una relación más flexible entre los diputados y los agentes sociales (empresarios y sindicatos)» que permitiera la negociación a la vez, pero «los grupos minoritarios se quejan de que los agentes sociales hurtan el papel del Parlamento».
Por su parte, los portavoces del PSOE, PP y CiU confiaron en acordar la reforma de las pensiones en el seno del Pacto de Toledo y superar unas diferencias que ahora parecen insalvables. Tomás Burgos, del PP, calificó de «imprevista, imprudente y carente de base técnica» la propuesta.
La Federación de Metal, Construcción y Afines de UGT (MCA-UGT), que dirige el asturiano Manuel Fernández López, 'Lito', reiteró ayer su intención de que en esta legislatura se apruebe una ley que contemple la jubilación a los 60 años para los trabajadores de la construcción a pie de obra y evitar así las «penosas condiciones de trabajo» y la excesiva peligrosidad a la que se ven expuestos los trabajadores que alcanzan una edad avanzada. Para el sindicato, el actual momento de crisis, «es más oportuno que nunca» para abordar una medida de estas características.
