Un año y un mes después del incidente, los jueces acaban de tomar dos decisiones sobre el caos que dejó a más de un millar de conductores atrapados por la nieve dentro de la autopista de pago del Huerna. Por un lado, dictan la primera sentencia sobre el asunto, que ratifica la responsabilidad de Autopista Concesionaria Astur-Leonesa S. A. (Aucalsa) sobre los hechos y obliga a la compañía a pagar una indemnización de 900 euros a los ocupantes de un vehículo. El fallo responde así a la primera de una serie de demandas gestionadas por la Unión de Consumidores de España.
La concesionaria informó ayer de que recurrirá la sentencia, que abre la puerta a que, si ahora todos los afectados por el caos se unen a la causa, acabe pagando una reparación global de 923.400 euros.
Ésta es una posibilidad remota, pero que los jueces acaban de poner en manos de los afectados. Según confirmó este periódico, los servicios jurídicos de la UCE aún tienen potestad para interponer nuevas reclamaciones. Además, y en paralelo, los tribunales han aclarado esta opción en el proceso que dirimen por la denuncia que sobre el mismo asunto presentó Ausbanc.
Esta agrupación registró el pasado 4 de diciembre en el Juzgado de Primera Instancia de Oviedo una denuncia en nombre de 70 afectados. El caso recayó en el juzgado número 5, cuya titular, la magistrada-juez Virginia Otero Chinnici, ha paralizado durante un plazo de dos meses el procedimiento. El motivo es que su señoría entiende que la causa reviste de un «interés general» que va más allá de los 70 defendidos por Ausbanc. Por eso ha ordenado que se divulgue la admisión a trámite de la denuncia para dar así un nuevo plazo a los afectados para incorporarse a la misma.
Las dos decisiones reducen el margen de maniobra de Aucalsa, quien, hasta el momento, había conseguido gestionar el colapso del Huerna sin enfrentarse a ninguna multa. En su día, el Ministerio de Fomento abrió un expediente sancionador al determinar que la concesionaria tuvo una «actuación indebida» al no avisar a tiempo a la Guardia Civil de la situación que se registraba en el interior de la autopista. Sin embargo, el citado expediente está, desde la primavera de 2009, pendiente de que la Abogacía del Estado resuelva la pertinencia de la multa. Se da la circunstancia de que el ministerio no ha impuesto una sola sanción a las concesionarias de autopistas, «no al menos desde 2004», admite.
La lentitud de Fomento contrasta con la agilidad que en este caso han mostrado los magistrados asturianos, máxime si se tiene en cuenta que la UCE y Ausbanc registraron sus denuncias el pasado mes de diciembre. Cada una lo hizo optando por una estrategia diferente. La UCE exige una indemnización de 900 euros por vehículo, «el máximo que permite la ley en procesos sin abogados ni procuradores». Ausbanc pide una reparación para cada afectado de 594 euros, más los perjuicios que cada uno acredite. Este colectivo ya ganó una demanda similar en julio de 2006.
