La Agencia Española de Protección de Datos iniciará de oficio una investigación para aclarar las circunstancias en las que fueron abandonados en un vertedero ilegal de Tremañes decenas de documentos con datos confidenciales de varios opositores a policía. Se abre así una vía que, en caso de determinar que existió alguna vulneración de la Ley de Protección de Datos, podría finalizar con una sanción a los responsables del correcto manejo del fichero.
Según señalaron fuentes de la citada entidad, «la agencia está analizando las informaciones publicadas para ver si es necesaria su actuación en la vía de la inspección». En este sentido, señalan que como organismo independiente «cuando recibimos una denuncia por parte de algún particular o vemos alguna información sobre hechos en los que pueda haber una vulneración de la ley, iniciamos de oficio unas actuaciones previas para determinar qué ha ocurrido, qué tipo de datos se han visto afectados y quién es el presunto responsable». Si a partir de estas investigaciones la agencia «ve indicios» de que efectivamente no se ha actuado conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos, «se abre un expediente que podría culminar con la imposición de una sanción».
En virtud de la responsabilidad que hubiera tenido el infractor y de la tipología de los datos, la ley establece para estas situaciones tres niveles -infracciones leves, graves y muy graves- con multas que oscilan entre los 600 y los 600.000 euros. El último escalón, cuyas sanciones van de 300.000 a 600.000 euros, no obstante, sólo se aplicaría en el caso de que los datos fueran de los denominados «especialmente protegidos», categoría que incluiría entre otros la ideología, afiliación sindical o política, religión, creencias, y aquellos datos relativos al origen racial, a la salud y a la vida sexual de las personas, aspectos que en principio no aparecerían en los documentos hallados en Tremañes.
De hallar culpable al responsable del manejo de estos datos, se le sancionaría en concreto por vulnerar los deberes de seguridad y secreto, recogidos en los artículos 9 y 10, respectivamente, de la Ley de Protección de Datos. El primero de ellos señala que «el responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado», mientras que el segundo alude a la obligación del responsable del fichero y de «quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento» de guardar «el secreto profesional» respecto de los datos de carácter personal, «obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo».
Informe al juez
Por su parte, los portavoces de la comisaría de Gijón se limitaron a señalar que «se seguirán los cauces oportunos», que incluyen la recogida de los documentos que estaban en la vía pública y la redacción de un informe que será remitido al juez de guardia. «Nuestra labor es informar al juzgado sobre qué material se encontró y en qué circunstancias, e indagar sobre por qué se dio esta situación». A partir de ahí, será el juez quien decida si estima oportuno abrir diligencias y contra quién. Los documentos fueron descubiertos este fin de semana por los vecinos del poblado de Santa Bárbara, que pusieron los hechos de inmediato en conocimiento de la Policía. En bolsas de basura abiertas, entre sacos de escombro, aparecieron archivos enteros con facturas por el pago de tasas de examen, pruebas de test, fichas de matriculación y temarios de opositores que se preparaban para ser policías.
