La Asociación Profesional de Ganaderos y Agricultores de Piloña mostró ayer su malestar por la postura adoptada por algunas asociaciones de cazadores del Principado, en la que se dejaba entrever que la grave situación económica por la que atravesaban estos colectivos estaba motivada por los pagos que deben realizar a los ganaderos por los daños que ocasionan las especies cinegéticas.
El presidente de este colectivo que agrupa a 152 agricultores de municipios como Piloña, Caso, Parres, Ponga, Nava o Colunga, Luis Cueto, compareció ante los medios de comunicación, acompañado por dos miembros de la directiva, Juan Manuel Forcelledo y Jacinto Ordóñez, para aclarar su postura. En el encuentro también estuvieron presentes un buen número de asociados. Según señalaron los agricultores, la postura mantenida por las asociaciones de cazadores hace que se sientan «aludidos y ofendidos, porque parece ser que somos nosotros los culpables de esas supuestas quiebras». La caza, según señaló el presidente del colectivo, «es una actividad donde unos hacen deporte, otros recaudan dinero y unos terceros, que somos nosotros, sufrimos los daños, ¿acaso debe prevalecer la actividad deportiva sobre el sector productor?».
El colectivo de los trabajadores del campo recuerda que su postura no está en contra de la caza ni de los cazadores, «lo único que pretendemos es ser resarcidos de los daños que sufrimos». En su opinión, la mayor parte de los daños que realizan las especies cinegéticas no son reclamadas, así como los destrozos que se producen en alambradas, cierres eléctricos o muros de piedra, puesto que si se procediese a esa reclamación, «las sociedades de caza quebrarían solas».
Un aspecto en el que los agricultores se han mostrado especialmente sensibles ha sido en el de la propuesta realizada por los presidentes de las asociaciones de empresas cinegéticas y Fadovisa, José Manuel Rancaño y Edelmino Nicieza, respectivamente, que propusieron que fuese obligatorio para los ganaderos el vallado de sus propiedades.
Luis Cueto recordó que es prácticamente imposible el impedir el paso a estas especies y explicó algunos casos de agricultores que estaban obsesionados con lograr un vallado realmente eficaz, sin conseguirlo, «puesto que los jabalíes incluso excavaban hoyos por debajo de los cercados». «Como ganaderos, nuestra obligación es cuidar de nuestro ganado y de nuestras fincas, pero en ningún caso nos sentimos obligados a controlar los movimientos de la fauna silvestre, cosa por una parte imposible por razones obvias y, por otra, porque no somos ni sus propietarios ni sus gestores».
Los agricultores también consideran que los baremos económicos que se están aplicando, y cuya última revisión data del año 2007, están desfasados. De esta forma, la indemnización en parcelas de pradera puede oscilar entre los 12 y los 18 céntimos de euro por metro cuadrado, mientras que un sembrado de patata puede recibir 60 céntimos. «Hay que pensar que con esos 60 céntimos se pretenden cubrir los gastos de sembrar, abonar y trabajar ese terreno», señaló Cueto para justificar la necesidad de que la valoración de los daños cubra el valor del terreno o sembrado, a precio de mercado.
Pese a esta diferencia de opiniones, los agricultores señalaron que su relación con las asociaciones de cazadores locales son correctas y hay buen entendimiento en la mayoría de los casos. Entendimiento que no parece estar presente en sus relaciones con el Principado o los sindicatos, «que se han olvidado del sector primario, porque están más cómodos donde están».
El problema de fondo en este asunto, según afirmaron los ganaderos, es la superpoblación de animales salvajes «y mientras ésta no sea regulada a unos límites tolerables, los problemas seguirán existiendo».
