Cuando podrían quedar apenas unas semanas para que la proposición de Ley presentada por el Partido Popular para forzar la integración del hospital de Arriondas en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) se debata, y se apruebe previsiblemente en la Junta General del Principado con el apoyo de IU, una nube negra envuelve el proceso. No es nada nuevo. Desde que se presentara la iniciativa parlamentaria hace ya dos años han sido muchos los apoyos recibidos -por parte de trabajadores y usuarios representados por la Plataforma de asociaciones- pero también fuerte la oposición abanderada por el Gobierno regional. El ejecutivo de Vicente Álvarez Areces ha llegado a calificar la futura Ley «de anticonstitucional» y ha advertido de que su entrada en vigor podría hacer que se tambaleen numerosos puestos de trabajo en este centro, que tiene una plantilla de unos 300 empleados.
El PP e IU se han defendido constantemente de estas acusaciones que, dicen, sólo pretenden «meter miedo y confundir a la población» y son continuas las reuniones de trabajo celebradas para concluir el texto definitivo que finalmente se debatirá en el parlamento asturiano. Es un trabajo arduo y complicado que se está retrasando más de lo previsto, pero sus impulsores mantienen que quieren presentar un documento «bien definido y sin ningún tipo de resquicio jurídico» que pueda ser utilizado en su contra. Por eso, aunque su intención era completar el texto en la jornada de ayer, se quiere dar una nueva vuelta de tuerca la próxima semana.
Los continuos retrasos en la presentación del texto definitivo hacen pensar al Gobierno regional que la oposición se está topando con problemas jurídicos a la hora de plasmar sus intenciones. Esto es, que la integración del hospital en el Sespa tal y como PP e IU habían imaginado trae más problemas de los que ellos pensaban y que, a lo mejor, deben limar más sus pretensiones iniciales.
Nada que ver con lo que defienden los máximos artífices de la nueva Ley. Tanto Carlos Galcerán como Diana Camafeita, diputados respectivamente del PP e IU y que -junto a Pilar Alonso, del PSOE- componen la ponencia de Sanidad constituida para la redacción de esta ley, sostienen que la filosofía es la misma que hace dos años: integrar el hospital de Arriondas y a sus trabajadores en el Servicio de Salud del Principado de Asturias y conseguir que la gestión, servicios y presupuesto del centro cabecera del Área Sanitaria VI sean iguales que los del resto de centros comarcales. Ambos reconocen que las puntualizaciones realizadas por el equipo jurídico de la Junta General del Principado y los propios cambios efectuados en los últimos meses en el hospital del Oriente -el paso de fundación privada a pública y el último golpe de efecto por parte del Principado: la introducción del Sespa en el Patronato- han obligado a dar alguna vuelta más a la redacción de la Ley. Por ejemplo, tal y como reconoció Carlos Galcerán, ha sido necesario modificar el propio nombre. Así, en la propuesta inicial se hablaba de la integración de la fundación del hospital y de su personal, y ahora se busca la gestión directa del hospital del Oriente por el Sespa. Unas variaciones que, si bien pueden ser interpretadas desde fuera como una merma en sus aspiraciones, tanto el PP como IU insisten en que son «modificaciones semánticas» que en absoluto interfieren en el objeto inicial de la Ley.
El PP presenta a principios de año una proposición de Ley para la integración del hospital de Arriondas en el Servicio de Salud del Principado. IU la apoya y eso genera un fuerte golpe para el pacto de Gobierno regional.
Ya transformado en fundación pública desde septiembre de 2008, el centro vivió ese año continuas tensiones entre la nueva Gerencia y el comité de empresa, con denuncias cruzadas y conflictos laborales.
Los responsables de la Consejería de Salud que forman parte del Patronato del hospital de Arriondas son sustituidos por personal del Sespa. De esta forma, el Sespa pasa a formar parte del Patronato.
