La Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes cuestiona desde su inicio el proceso de revisión del Plan General de Ordenación (PGO) de Gijón. Es más, considera que es «nulo de pleno derecho» y que está en condiciones de defenderlo ante un juez.
El colectivo que se opone a la construcción de 600 viviendas en bloques de edificios en la parroquia ha incluido en su escrito de alegaciones una impugnación en toda regla del documento de prioridades, el avance de planeamiento presentado por el Ayuntamiento que incluye el estudio de tres alternativas y que ha servido de base para poner en marcha la tramitación administrativa.
Según expuso Ignacio Martínez, asesor de la plataforma, la alternativa 0, de acuerdo con la Ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, se debe considerar siempre como la no realización del nuevo plan. Martínez explicó que la no realización del nuevo planeamiento aboca al Plan Rañada de 1998 «con cambios mínimos por el devenir de la propia normativa », debido a la anulación del Plan Teixidor de 2007 por los tribunales.
Sin embargo, la alternativa de mínimos aportada por el Ayuntamiento, a ojos de la plataforma, contraviene la legalidad al incorporar desarrollos urbanísticos derivados del plan tumbado por 33 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Los proyectos de Bernueces y de Casares-Porceyo estaban en el PGOU de 2007 y han vuelto a incluirse en la propuesta más restrictiva que prevé la construcción de 8.000 viviendas por haber sido aprobados de forma definitiva y respetar así los derechos edificatorios.
Según el razonamiento que hacen los vecinos de Cabueñes en su alegación, si la alternativa 0 no es válida por esos motivos, entonces tampoco lo es el proceso que el documento de prioridades inicial. «Las trampas burdas del equipo de gobierno harán descarrilar todo el proceso. Lo que se apruebe a partir de ahora será ilegítimo e ilegal», aseguró Ignacio Martínez, quien de forma simbólica arrojó un ejemplar del documento de prioridades a una papelera.
Por su parte, el presidente del colectivo de Cabueñes, Francisco Díaz-Cadórniga, acusó al Ayuntamiento de «hurtar a los ciudadanos su derecho de participación» por no aceptar alegaciones formales en este punto fundamental de la tramitación. También le recriminó la «falsificación y manipulación» de las proyecciones demográficas para el próximo decenio y las previsiones de necesidad de vivienda con 19.374 pisos vacíos en el municipio (el 14,5% del total).
