Cuando sólo faltan ocho días para la primera vista judicial relacionada con el caso Guadamía, la empresa responsable de un presunto delito contra la Ordenación del Territorio en la zona ha vuelto a las andadas. Tras denuncia verbal de los vecinos de Cuerres, el servicio de vigilancia del departamento de obras del Ayuntamiento de Ribadesella pudo constatar ayer que Pumaradas Guadamía S.L. está realizando movimientos de tierra en el lugar de San Martín de Cuerres, junto al camino que se dirige al área recreativa de Castru Arenes y acantilados de Guadamía. En concreto y según explicó el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, la empresa en cuestión se ha dedicado a recoger piedra extraída con anterioridad para acopiarla como relleno en una parcela diferente, «cuando tiene paralizada toda actividad, salvo aquella que esté relacionada con labores puramente agrícolas», recordó Francisco Vázquez. De hecho, según confirmaron los vecinos, el pasado viernes, «con la ayuda de una pequeña pala estuvo abriendo pozas para la plantación de árboles frutales», actividad que está totalmente permitida.
Sin embargo, el lunes se presentó en el mencionado lugar con maquinaria pesada y dos camiones para acometer trabajos de mayor envergadura y carentes de licencia municipal. «Hay gente que se empeña en jugar con fuego y al final termina quemada, porque se empeña en saltarse todas las leyes a la torera», añadió Vázquez. El concejal también desveló que el informe técnico que está elaborando el Ayuntamiento de Ribadesella se trasladará de inmediato al Fiscal de Medio Ambiente para que lo tenga en cuenta en la vista judicial que está fechada para el próximo martes 2 de marzo en el juzgado de instrucción de Cangas de Onís.
Francisco Vázquez cree que la actuación de esta empresa a ocho días del juicio es «una provocación y una osadía». Confía en que el nuevo informe municipal sirva como «agravante» a todas las intervenciones anteriormente realizadas. Entre ellas los cierres de fincas con muros de piedra y vallas metálicas que el fiscal de medio ambiente del Principado de Asturias considera «ilegalizables». Según consta en la acusación del fiscal, al representante y administrador único de la empresa infractora, José Fernando Zato Gómez de Liaño, se le imputa un delito contra la Ordenación del Territorio, recogido en el artículo 319.1 del Código Penal, por llevar a cabo, sin licencia, diversas construcciones en el entorno de la playa de Guadamía, una playa natural de elevado valor paisajístico. Las obras tienen que ver con la construcción de muros de piedra, una senda peatonal empedrada, un peldañeado, la apertura de varios caminos y un gran movimiento de tierras en los que se destrozaron afloramientos calizos y kársticos. Todo ello en suelo protegido, bien por tratarse de suelo No Urbanizable de Costas o zona de servidumbre de protección costera. No contento con esto, en las últimas horas ha vuelto a la actividad. «No sé por qué se arriesga tanto, cuando el juicio ni siquiera ha comenzado. Pero es que hay personas que se empeñan en situarse en el filo de la navaja y al final se terminan cortando», añadió el concejal de Urbanismo, Francisco Vázquez.
