A la caza del delincuente

Por tierra, mar, aire... y ahora también por el ciberespacio. Todo vale para perseguir la delincuencia y la policía no se ha puesto límites geográficos. Las redes sociales se han convertido en una mina para los investigadores, que rastrean a diario estas plataformas en busca y captura de sospechosos de todo tipo de delitos. La Interpol fue la primera en admitir que Facebook y YouTube eran algunas de sus herramientas, en las que buceaba para cotejar nombres y apellidos con su temida clasificación de 'Los más buscados'. «No hay motivo por el que los investigadores no se puedan nutrir de estas fuentes», entonó casi en forma de excusa el secretario general de Interpol, Ronald Noble, cuando reveló públicamente a finales de 2008 el 'as' que la organización guardaba debajo de la manga. Uno de los cazados gracias a estas búsquedas fue Maxi Sopo, un camerunés afincado en Estados Unidos. Mientras la Policía andaba tras sus pasos por un fraude bancario por el que se embolsó 200.000 dólares, él se dedicaba a actualizar su perfil de Facebook desde las playas de Cancún. El problema es que entre sus 'amigos' había un antiguo oficial del Departamento de Justicia que al final hizo posible su arresto. Tras la Interpol, el resto de instituciones policiales añadieron rápidamente estas páginas a sus favoritos, incluida la Guardia Civil y la Policía Nacional. «Cada vez dedicamos más tiempo a las redes sociales, no sólo a rastrear en ellas, sino también a investigar denuncias referentes a acosos, suplantaciones de identidad, agresiones...», detalla Enrique Rodríguez, inspector jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional. Uno de los últimos casos resueltos se ha centrado en una usurpación de personalidad en Tuenti. Un mínimo de seis meses de cárcel y un máximo de tres años sería la pena a la que podría hacer frente el joven de 18 años que ha sido detenido en Badajoz por suplantar en esta red social la personalidad de un ex compañero de clase e insultar en su nombre a otros usuarios. Los peligros derivados del 'boom' de las redes sociales ha propiciado la necesidad de una estrecha colaboración con los cuerpos de seguridad para agilizar la cesión de datos y contenidos. Pero la ley obstaculiza la inmediatez total. «Sólo podemos facilitar informaciones de nuestros usuarios mediante mandato o requerimiento judicial, detalla Natalia Martos, directora jurídica y de privacidad de Tuenti.