El letrado de la Junta General Ignacio Arias Díaz se ha desvinculado del contenido de la proposición de ley promovida por el PP e IU para integrar el Hospital de Arriondas y su plantilla de casi 300 trabajadores en el Servicio de Salud (SESPA) por la falta de garantías jurídicas del texto. En la última reunión de la Ponencia -y una vez presentado el texto definitivo de la ley, en el que volvía a aparecer el concepto de 'integración'- Arias se ofreció a «estudiar» los distintos aspectos del texto consensuado por ambos grupos, que declinaron esta posibilidad, lo que llevó al letrado a reflejar en el acta que se eximía «de cualquier responsabilidad» sobre su contenido «y de sus efectos jurídicos». Un hecho que, según los socialistas, «no tiene precedente en la Cámara» y que deja a PP e IU como máximos responsables políticos de las posibles consecuencias que se deriven de la aplicación de la Ley, ya que en el mismo acta la diputada socialista Pilar Alonso también explica que si continúa presidiendo la ponencia es por un ejercicio de «responsabilidad institucional», y deja claro en todo momento la oposición de su grupo al contenido y la forma en la que se está tramitando esta ley. Ella era la encargada de ofrecer ayer una rueda de prensa en la Junta General del Principado junto al portavoz socialista en la Cámara, Fernando Lastra, para analizar la nueva situación.
Lastra expuso que el texto tiene «vicios de procedimiento» que hacen que su aplicación sea «de dudosa viabilidad» y cuestionan las garantías de continuidad en sus empleos para los trabajadores del centro. Para Lastra , la tramitación seguida por el texto ha incumplido el Reglamento de la Cámara, una circunstancia que, ha advertido, «suele ser causa de inconstitucionalidad» en caso de que se presente un recurso, que podría ser promovido por el Gobierno central o por el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. «El Gobierno asturiano no se va a quedar cruzado de brazos para ver qué pasa», advirtió a sus socios de Gobierno y a los populares.
Las leyes, advertía, deben tener «carácter general» y el recurso a la figura de «caso único» por el que han optado PP e IU sólo se contempla «para casos muy concretos y con procedimientos tasados para evitar arbitrariedades» y su utilización debe estar «muy justificada», algo que no sucede en esta ocasión, puesto que «hay otras formas de integrar el hospital en el Sespa, tal y como se ha visto». Porque recuerdan que a efectos jurídicos -y he ahí la 'espantada' del letrado, el hospital ya está integrado, puesto que está gestionado directamente por el Sespa. El texto pactado por los populares y la coalición dispone de nuevo la «integración» del Hospital del Oriente en el Sespa en régimen de «gestión directa» -un término que no queda muy claro desde el punto de vista jurídico-, así como de su plantilla, para la que se garantiza por ley la conservación de sus derechos laborales activos y pasivos, categoría profesional y puesto de trabajo en el mismo centro. Según Lastra , aún en el caso de que los tribunales no descartaran la posibilidad de convertir a estos trabajadores en empleados públicas -a pesar de no haber concurrido a ninguna oposición- a las plazas que el Sespa se vería obligado a crear en Arriondas podría optar cualquier otro empleado del Servicio de Salud. «Si la Fundación se mantiene, no hay problema. Pero si ésta se extingue, ¿qué hacemos con los trabajadores que hay dentro del hospital? ¿Y qué pasa con los interinos que están dentro del sistema y quieran optar a una plaza en Arriondas? PP e IU tienen que saber que no les podemos arreglar la vida a quien queramos porque seamos diputados», espetó Lastra. Y hasta ironizó con un ejemplo. «Podemos comprar un colegio de monjas en el centro de Oviedo, después hacerlo público y hacer funcionarios a todos sus maestros».
Por todo ello, los trabajadores del Hospital del Oriente se enfrentan, a juicio del portavoz socialista, a una «total» inseguridad jurídica respecto a su futuro laboral, «pero es su empleo y ellos deberían ser los primeros en defenderlo». Considera que ambos grupos han caído «en la tentación populista» de limitarse «a regalar los oídos a los ciudadanos» de la comarca oriental con una iniciativa que ha llevado a más de 200 profesionales sanitarios de Asturias y del resto de España a anunciar al Gobierno su intención de recurrirla en los tribunales.
Según Lastra, con la transformación en pública de la fundación privada que gestionaba el centro, a cuyo Patronato se ha incorporado el Sespa, y con la decisión de suscribir un contrato-programa para fijar sus objetivos y recursos como el resto de centros del Servicio de Salud, la integración ya es un hecho. «De esta forma no peligraba el puesto de ningún trabajador y se les daba seguridad laboral, pero esta iniciativa supone una enorme temeridad que pone en riesgo el futuro de muchos empleados de Arriondas, pero no de todos porque algunos están muy seguros», ha apuntado. Y recordó que, por muchas veces que hayan repetido desde el Gobierno y el PSOE que existe ese riesgo «hay gente que todavía no se lo cree».
Recordó a los trabajadores del centro que «aún están a tiempo de decirles a PP e IU que paren, porque si un juez dice que no se puede aplicar en este caso el artículo 44 del estatuto de los trabajadores, a ver cómo se soluciona este lío». Una vez finalizados los trabajos de la Ponencia, la Comisión de Salud y Servicios Sanitarios de la Junta General aprobará hoy su dictamen sobre la proposición de Ley para que sea tramitado y ratificado en un próximo pleno del Parlamento regional. PP e IU confían en que pueda elevarse a votación este mismo mes de marzo.
Tras la rueda de prensa, Diana Camafeita, diputada de IU-BA-Verdes y ponente junto a Carlos Galcerán (PP) de la Ley de integración, contestó a los socialistas acusándoles de «renunciar a que los ciudaddanos del Oriente tengan una asistencia sanitaria en igualdad con el resto de los asturianos». Explicó que la Ley no supone que «los trabajadores vayan a entrar por la puerta de atrás en el Sespa» y que abre la posibilidad a que «a partir de ahora se generen plazas públicas, cosa que hasta el momento no era posible». También dice que la FSA «prefiere aplicar las políticas de Esperanza Aguirre, manteniendo la gestión privada», en vez de tener la valentía de aplicar políticas «en defensa de los trabajadores». Cree una «inconsciencia» dispersar esfuerzos en «posibles recursos de inconstitucionalidad ante una medida positiva para los ciudadanos».
