La iniciativa parlamentaria para forzar la integración del hospital Grande Covián en la red pública sigue encontrando piedras en el camino. Cuando apenas resta una semana para que PP e IU aprueben la Ley en el Pleno de la Junta del Principado de Asturias, siguen apareciendo importantes dudas sobre el proceso. Tanto el Gobierno del Principado como el Grupo Parlamentario Socialista han mantenido desde el primer momento una postura muy crítica a esta propuesta porque dudan de su viabilidad y creen que pone en peligro la estabilidad de los trabajadores. Incluso los juristas de la Cámara han presentado varios informes negativos al respecto y esta misma semana se hacía pública el acta de la última Ponencia en la que el letrado Ignacio Arias se exime «de cualquier responsabilidad» sobre su contenido «y de sus efectos jurídicos».
Pese a tales advertencias, PP e IU siguen adelante con la tramitación y el pasado martes utilizaban su mayoría parlamentaria para aprobar el texto en la Comisión de Salud. En medio de todo el debate político, los diferentes sindicatos se posicionan claramente a favor de la integración del centro en la red pública para que los vecinos del Oriente reciban las mismas prestaciones sanitarias que las de cualquier otro ciudadano del Principado. Sin embargo, no todos están de acuerdo con la iniciativa parlamentaria.
Desde UGT-Asturias insisten en la necesidad de integrar el Grande Covián en el Sespa y recuerdan que fue su sindicato el único que se manifestó durante la inauguración del equipamiento hospitalario en contra del modelo de gestión. Sin embargo, apuestan por una integración «con garantías» para los 300 trabajadores del centro y se muestran «preocupados» por las consecuencias que pueda generar en el futuro el proceso abanderado por PP e IU. «Tanto el Gobierno del Principado como los propios letrados de la Junta han planteado dudas», advierte el secretario de Salud de la UGT, Andrés Treceño. «Nos preocupa que alguien pueda recurrir la ley para intentar hacer valer sus derechos y que esto pueda afectar a los trabajadores en el futuro», añade.
La postura con respecto a esta ley del otro sindicato mayoritario es bien distinta. El secretario de Salud de CC OO, José Antonio Carnedo, entiende viable la iniciativa parlamentaria y cree que las críticas del PSOE sólo buscan confundir a la opinión pública. «El Principado está cojonudo para hablar de vicios en la tramitación de una ley, cuando todos los procesos que publica el BOPA con respecto a los trabajadores del Servicio de Salud del Principado de Asturias están impugnados y tumbados por los jueces. No dan una», sentencia el sindicalista. CC OO respalda la proposición de Ley -presentada por el PP hace ya dos años y avalada más tarde por IU- porque «busca la integración del hospital para garantizar unos servicios y unas prestaciones iguales que los del resto de la región, que es lo que nosotros queríamos y tratamos de conseguir a través de una acuerdo sindical, pero que no fue posible. Ahora se está haciendo vía parlamentaria y debe acatarse», concluye.
Esta disparidad entre sindicatos no es nueva. La semana pasada EL COMERCIO recogía también las diferentes opiniones entre los sindicatos del sector. La mayoría coincidían en considerar que las críticas sobre el proceso vertidas por el PSOE son «una estrategia para tratar de bloquear la proposición» aunque el Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE) reconocía también tener «miedo» por el futuro laboral de la plantilla.
