Dice la Real Academia que un expediente es el «conjunto de todos los papeles correspondientes a un asunto o negocio. Se usa señaladamente hablando de la serie ordenada de actuaciones administrativas». El de Villa Magdalena es, sin embargo, un expediente sin papeles. El legajo municipal termina en mayo de 2008 con la orden de pago de algo más de 146.500 euros en concepto de intereses de demora. El documento anterior certifica el abono de otros 4,13 millones de euros en intereses.
De la propuesta de convenio para una solución extrajudicial de la expropiación presentada por Comamsa, avalada por el alcalde y que ahora negocian Ayuntamiento y empresa, no hay ni rastro, como certifica un escrito del concejal de Coordinación, Agustín Iglesias Caunedo.
«La realidad de Villa Magdalena está fuera del expediente. La realidad se negocia desde noviembre en un despacho de una empresa privada que hacen de intermediarios y trabajan para el Ayuntamiento desde los tiempos de Gesuosa», denunció ayer el concejal de ASCIZ, Roberto Sánchez Ramos. Y le puso medio nombre: «Walker». No es el 'texas ranger', sino el despacho Garrigues Walker, contratado por el Ayuntamiento como asesoramiento legal también en la polémica parcela del polígono de Olloniego vendida a Urvisa. El despacho prefirió ayer «no hacer comentarios» sobre el particular.
¿Desde noviembre?
La fecha no coincide con el relato oficial. Ayuntamiento y empresa acordaron hace un mes suspender el recurso municipal contra la sentencia que reconocía a la empresa el derecho a una retasación del palacete, que valoraba, diez años después del justiprecio, en 63 millones de euros. Según dijo entonces el abogado de la empresa, había sido el Ayuntamiento el que había dado el primer paso a principios de este año. Rivi situó ese primer contacto, al menos, un mes largo antes. Y si las negociaciones empezaron antes, ¿quién representaba al Ayuntamiento?; porque no fue hasta la semana pasada cuando el alcalde acordó crear una comisión negociadora con tres funcionarios.
Los primeros contactos correspondieron a un único y alto funcionario, según confirmaron varias fuentes municipales. De esas conversaciones salió la propuesta de convenio, la que no figura en el expediente y la que supondría entregar a Comamsa la propiedad del subsuelo de Uría para un aparcamiento de 900 plazas y las de los estacionamientos de Longoria Carbajal, que ya gestiona en concesión, y La Escandalera, donde a Aparcamientos de Asturias (Grupo Masaveu) le restan 13 años de explotación.
Empresa y Ayuntamiento se han dado 40 días, «hasta el 15 de abril, Santa Tecla», precisó Sánchez Ramos, para llegar a un acuerdo, pero ni siquiera hay una valoración municipal del palacete. O, al menos, no sale en los papeles.
