Los 25 colectivos que componen la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales 'Les Caseríes' escenificaron ayer su completo rechazo a la eliminación, prevista para este lunes, 8 de marzo, de los siete servicios que la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (EMTUSA) realizaba en la zona rural. «Pagamos nuestros impuestos y tenemos los mismos derechos que el resto de ciudadanos», fue el argumento que esgrimieron los portavoces vecinales en su apuesta por mantener las siete líneas rurales a pesar de haber generado 585.653 euros de pérdidas en el periodo de tiempo comprendido entre noviembre de 2008 y octubre de 2009. «El servicio municipal no se debe quitar por ser un bien social», aseguró de forma rotunda la presidenta de Les Caseríes, Soledad Lafuente, quien añadió que «con esta decisión hay parroquias que retroceden veinte años».
Las 25 parroquias de la zona rural rechazaron de plano los argumentos esgrimidos por la empresa municipal para justificar la supresión de estas siete líneas «por su elevado coste y bajo uso de los autobuses puestos en servicio». Así, los vecinos criticaron «la mala planificación» de las rutas puestas en marcha el 3 de noviembre de 2008, ya que en su opinión «los transbordos no están enlazados debidamente con otras líneas y ello lleva a un servicio deficiente, se tarda en llegar a Gijón entre 60 y 75 minutos y los horarios no coinciden con las necesidades de las personas de la zona rural». Y sentenciaron: «No se puede tener a una persona dando tumbos en un autobús por las parroquias».
Los portavoces vecinales recibieron la noticia de la supresión de los autobuses rurales de boca del propio gerente de EMTUSA, Luis Iturrioz, durante una reunión mantenida con Les Caseríes en la tarde de anteayer y que se alargó durante tres horas ante las continuas preguntas de los asistentes. Los portavoces vecinales censuraron el encuentro con Iturrioz porque «lo que se esperaba de la reunión era una evaluación del servicio de autobús por parroquias y la posibilidad de hacer algún cambio o ajuste. En cambio, se pasó de una evaluación a la anulación sin alternativa de ningún tipo». Además, calificaron la reunión de «engaño» ya que «la decisión estaba premeditada».
Transporte escolar o privado
Durante la tensa reunión, los vecinos preguntaron al gerente de EMTUSA sobre las alternativas para el desplazamiento de los residentes de la zona rural, «a lo que nos contesta que no sabe si las hay pues él (Luis Iturrioz) no tiene una bola de cristal». No obstante, les ofreció la posibilidad de «utilizar el transporte escolar, las líneas privadas que pasan por algunas parroquias así como comprar un coche, una motocicleta o una bicicleta». Asimismo, los vecinos pidieron posponer tres meses la decisión para buscar soluciones «pero Iturrioz se mostró inamovible». «Tanto Tino Venturo como Santiago Martínez Argüelles nos dijeron que antes de quitar el servicio se estudiarían otras alternativas, pero el lunes habrá vecinos esperando a un autobús que no llega», subrayaron.
Por todo ello, la directiva de Les Caseríes solicitó ayer una «reunión urgente» con el presidente de EMTUSA, Santiago Martínez Argüelles, para profundizar en las razones de esta supresión, ya que todas son rechazadas por las parroquias al considerar que «EMTUSA no puede valorar las pérdidas como una empresa más ya que es pública». En caso de no lograr sus objetivos, los vecinos de la zona rural no descartan movilizaciones «como último recurso, porque tenemos motivos suficientes, aunque agotaremos el diálogo».
Les Caseríes rechazó «el elevado coste y bajo uso de los autobuses puestos en servicio» aducido por la empresa de transportes para justificar la supresión de estas líneas, ya que «las pérdidas de los autobuses urbanos son diez veces más que los de la zona rural». Así, las parroquias argumentan que mientras las pérdidas de las siete líneas rurales ascendieron a 585.653 euros en el último año, EMTUSA registró un déficit total de 7 millones de euros en el ejercicio de 2008. En cuanto a la baja ocupación de estos servicios, los vecinos de la zona rural se preguntan: «Si sólo lo cogen tres personas de media, ¿por qué hay esta alarma en la zona rural?» Y concluyeron: «Sí a los autobuses rurales, aunque sean deficitarios».
También mostraron su oposición a las alternativas propuestas por Luis Iturrioz, especialmente las referidas al transporte escolar y privado. Respecto al primer caso, argumentaron que la actual Ley de Transporte impide este uso de los autobuses escolares, al tiempo que recuerdan que este servicio se cancela durante los periodos de vacaciones y los horarios no son los más adecuados a las necesidades vecinales. En cuanto a la segunda opción, los presidentes de las asociaciones aseguran que «el transporte privado abarca muy poco y no suple en ningún momento los servicios que daban las líneas municipales, ya que los vecinos deberían caminar varios kilómetros para llegar a estas paradas». Para Les Caseríes, «los oscuros argumentos de EMTUSA suponen el principio de una privatización de un servicio público».
Entre los múltiples ejemplos que pusieron los dirigentes vecinales sobre cómo quedan las comunicaciones por transporte público en la zona rural, la portavoz de Caldones, María Jesús Bárcena, explicó que los vecinos de la parroquia que tengan que utilizar el transporte colectivo para ir al centro de salud de Vega-La Camocha tendrán que utilizar un autobús de la empresa Medina hasta El Humedal para luego coger la línea 16 de EMTUSA hasta La Camocha. Así, un recorrido de apenas cinco kilómetros se convierte en uno de quince kilómetros. Eso sin contar la vuelta. «Con una buena planificación y horarios compatibles se pueden reducir esas pérdidas», concluyó el vicepresidente de Les Caseríes, Jesús Fernández.
«Todo tiene un límite»
Antes de que las parroquias mostraran su frontal oposición a la supresión de las siete líneas rurales, la alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, lamentó que este servicio «no dio el resultado que se preveía» y su cancelación se debe a que «no tuvo éxito». «Todo tiene un límite», añadió la regidora, al tiempo que afirmó que EMTUSA sabía desde el principio que las cifras de estos autobuses no iban a ser positivas pero confiaba en lograr unos valores «razonables».
Por su parte, el concejal del Partido Popular Gabriel Díaz aseguró que la decisión adoptada el miércoles por la empresa pública es consecuencia de la «mala planificación», por lo que pidió la destitución de los directores de EMTUSA «puestos a dedo».
