El auto del Tribunal Constitucional que avala el uso del asturiano en las relaciones de los ciudadanos con la Administración regional consiguió el insólito logro de poner de acuerdo a todos los actores implicados respecto de sus efectos beneficiosos. Pero, más allá de ese consenso general, un análisis más minucioso hace aflorar las discrepancias en relación a su interpretación. Los colectivos de defensa de la llingua consideran que la resolución obliga al Principado a no poner obstáculos a la hora de admitir a trámite escritos en asturiano, si bien creen que la garantía última contra cualquier tipo de discriminación, en este y en otros ámbitos, es la cooficialidad. Un argumento que en gran medida sostiene IU. El Gobierno, por su parte, matiza que, siendo «positiva» la doctrina del Constitucional, «no añade ni quita nada» en términos jurídicos porque ya gestiona «todas» las comunicaciones que recibe de los ciudadanos en asturiano desde 1998, año de entrada en vigor de la ley de uso y promoción.
La Academia de la Llingua acogió con «satisfacción» el auto, pero juzgó «lamentable» que «tengan que ser personas individuales o colectivos los que exijan el ejercicio de derechos lingüísticos recogidos en la Constitución». La institución aludía así a Xurde Blanco, letrado del Principado que llevó a los tribunales su negativa a admitir una solicitud de permiso laboral por estar escrita en asturiano. Para la academia, la oficialidad es la vía para «garantizar y homologar los derechos lingüísticos de los asturianos».
Carlos Pulgar, portavoz de la Xunta pola Defensa de la Llingua, mostró su confianza en que el auto ponga fin a la «discrecionalidad» de la Administración a la hora de admitir, en unos casos sí y en otros no, los escritos en asturiano. La ley «no se cumple en todos los casos», dice Pulgar, que estima que la oficialidad es «la manera de asegurar la supervivencia de la llingua».
Roberto Colunga, diputado de IU-BA-Los Verdes, también espera que este auto actúe como «trampolín» en el camino hacia la oficialidad. Colunga recuerda que la ley de uso y promoción ya obliga al Principado a admitir que los ciudadanos utilicen la llingua para comunicarse con la Administración, pero cree que la decisión del Constitucional introducirá «coherencia» a la hora de aplicar un criterio cuya aplicación práctica generaba ciertas dudas.
Quien promovió la ley de uso vigente, el PP, hace otro análisis. Entiende su portavoz, Joaquín Aréstegui, que el auto del tribunal constata que esa normativa «es avanzada en sí misma como para no dar más pasos», haciendo «innecesaria» cualquier medida que suponga la obligatoriedad de la llingua.
En las antípodas de este argumento, Unidá Nacionalista Asturiana (UNA) espera que se esté ante el «punto de inflexión» en el «indigno» tratamiento que los poderes públicos dan a la llingua.
La posición del Principado llegó por boca de Consuelo Vega, directora de Política Lingüística. Que juzgó «positiva» la reflexión del Constitucional y dijo que el Principado ya da curso a «todas» las comunicaciones que recibe en asturiano de los ciudadanos, aunque matizó que, en el caso de los funcionarios, como Xurde Blanco, habrá que esperar a la resolución del juzgado de lo Contencioso-Administrativo que estudia el caso antes de posicionarse. Previsiblemente, el juez dará la razón a Blanco contra el criterio del Gobierno de que la ley de uso no afecta a los funcionarios en este apartado concreto.
