Pedían siete años de cárcel que se quedaron en cuatro y medio, aunque puede que finalmente la ex edil del Partido Popular en la ciudad Cristina Hernández no pase ni un día en prisión. La decisión dependerá de la sala tercera de la Audiencia Provincial, donde ayer se celebró el juicio contra nueve de los acusados en la 'Operación Debuta', un extenso dispositivo que en 2008 acabó con «la mayor red de tráfico de cocaína del centro de la región». La suspensión de la condena de Hernández (que cuando cometió el delito ya estaba apartada de su actividad política) solicitada por su abogado defensor, Ricardo Álvarez Buylla, esta supeditada a tres condiciones: que la pena sea inferior a 5 años, que los hechos se cometieran como consecuencia de la adicción a las drogas y que la acusada esté sometida a un tratamiento rehabilitador.
«Son requisitos que cumple mi patrocinada. Aunque es un criterio libre del tribunal, entendemos que con el apoyo del Ministerio Fiscal no deberíamos tener ningún problema. Lo que queda claro es que los hechos los cometió como consecuencia de la enfermedad que padecía, y que ya no tiene», explicó el letrado a la salida de la vista oral. La posibilidad de suspensión de condena está recogida en el Código Penal, y por ello el Ministerio Publico «no se opondrá» en caso de que se cumplan los requisitos. Así lo destacó el fiscal Especial Antidroga, José Perals: «No hay ningún interés especial de la Fiscalía en que cualquier persona implicada en el tráfico de drogas por su adicción ingrese en prisión. Lo importante es que esa persona salga de la droga», dijo.
El juicio levantó la expectación por el cargo público que desempeñó Hernández como concejala de Guarderías entre los años 2003 y 2007, pero lo cierto es que en la trama había otros ocho implicados, entre ellos, el marido de la ex edil y supuesto cabecilla de la red, Juan José Menéndez, alias 'Ble'. Los acusados (cinco permanecen ingresados en la cárcel de Villabona desde su detención en agosto de 2008) reconocieron los hechos y llegaron a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público. En total, el fiscal pide para ellos 53 años de prisión (24 menos de los solicitados inicialmente).
No obstante, y como suele ser habitual en los procesos por tráfico de drogas, tres de los acusados acreditaron el atenuante de drogadicción. «Era adicto a la cocaína. También consumía éxtasis, MDMA, LSD y mucho alcohol. Estaba pasando por una fase crítica y consumía muchísimo. Ahora estoy ingresado en la Unidad Terapéutica de la cárcel de Villabona. Estoy mucho mejor», explicó Juan José Menéndez. El mismo discurso lo alegó su esposa, con la que se casó hace unos meses, cuando ya estaba entre rejas: «Consumía cocaína en grandes cantidades. Desde mayo estoy en un programa de Proyecto Hombre y ahora tengo un negocio por cuenta propia. Estoy totalmente arrepentida», confesó la ex concejala. Según comentó Hernández a su salida de la vista (pasó cuatro meses en prisión y tras pagar 9.000 de fianza quedó en libertad provisional el pasado mes de mayo), aún no ha concluido dicho tratamiento rehabilitador, «será entre agosto y octubre».
La adicción a las drogas no librará al marido de la ex concejala de su ingreso en la cárcel. Era quien dirigía la red y su condena es la más elevada de cuantos fueron juzgados ayer. El fiscal pidió para él 10 años y medio de prisión (uno a sustituir por una multa a razón de seis euros diarios durante dos años).
«Final a una pesadilla»
La noticia sorprendió a principios del año pasado: Cristina Hernández había ingresado en prisión. Contó su historia en algunos medios de comunicación y ayer no tuvo inconveniente en posar ante las cámaras. Sólo pidió que no se la retratara con su familia. Estaba aparentemente tranquila, charlando con sus padres, pero a la salida reconoció que se había acabado «una pesadilla».
La joven entró en la red de tráfico de droga de la mano de su pareja. En su primera declaración ante el juez, afirmó desconocer lo que hacía su novio. Pero no era lo que decían las pruebas. Según el escrito de acusación, la joven tenía pleno conocimiento de las actividades de su compañero, tal y como se recoge en las intervenciones telefónicas.
Además, la Guardia Civil halló en posesión de Hernández una nota que decía: «Hay un colega que necesita 25 K. de polen cada 10 días o así, con el dinero por delante». Asimismo, el 25 de octubre de 2008, la acusada presionó a otro inculpado para que cambiara su declaración amenazándole con sacar una escopeta.
En el registro del domicilio de la pareja, los agentes de la Benemérita localizaron hachís, MDMA valorado en 20.877 euros, cocaína y otras sustancias estupefacientes y destinadas a la mezcla de droga. También tenían una pistola y 40 cartuchos con balas.
