La red de tráfico de drogas operaba en Asturias, pero las sustancias estupefacientes llegaban desde las islas Baleares y también desde el extranjero. De hecho, la investigación del grupo de la Guardia Civil encargado del caso dio sus frutos el 6 de agosto de 2008. Los agentes de la Benemérita sabían que ese día la iba a introducirse en la región droga que traían tres personas en un autobús procedente de Madrid. Así, sobre las 02.50 de la madrugada Jorge Eguino Parada, José Luis Montaño y Guillermo Gabriel Ojeda llegaron a la estación de autobuses de Mieres. Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público, los agentes procedieron a la identificación de los sospechosos. En sus equipajes hallaron dos paquetes y 41 envoltorios cilíndricos con un total de 790 gramos de cocaína, con una pureza del 85% y valorados en 114.807 euros.
Dicha droga había sido introducida en España por Guillermo Gabriel Ojeda, de 21 años y oriundo de Uruguay, que llegó el 3 de agosto de 2008 al aeropuerto de Barajas con 90 cápsulas de cocaína en el interior de su organismo. Viajó desde Buenos Aires.
Nueve años y medio
Para Ojeda, el fiscal Especial Antidroga, José Perals, pedía 9 años y medio de prisión, pena que tras reconocer los hechos se rebajó a 9 años (la menor reducción de condena de cuantas se decidieron ayer entre los nueve implicados en la red). Si bien Perals indicó al juez la posibilidad de aplicar un indulto parcial para el 'mulero'. «Ha reconocido los hechos y la pena puede resultar excesiva, pues el joven sólo entregaba la droga», argumentó el fiscal.
Cuando fue detenido se inició una orden de expulsión del país, procedimiento habitual entre los arrestados que no cuentan con la nacionalidad española; orden aún pendiente, al estar el joven implicado en la 'Operación Debuta'. Respecto a dicho trámite, el fiscal dijo que «no procedía» tal expulsión. Y no procede porque «generaría un efecto llamada». «Si una persona que introduce droga en el país es devuelta a su lugar de origen, se generaría un efecto llamada y otras personas podrían hacer los mismo, porque si les pillan sólo les envían de nuevo a su país», razonó el Fiscal.
La decisión, al igual que la de la supresión de condena de la ex concejal del Partido Popular Cristina Hernández, depende ahora del magistrado titular de la sección Tercera de la Audiencia Provincial. El juicio que iba a extenderse hasta el próximo viernes quedó ayer visto para sentencia, tras reconocer todos los acusados su participación en los hechos.
