La liquidación de los bienes de Mina La Camocha ya está en marcha. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo, Alfonso Muñoz Paredes, dictó el pasado 11 de marzo un auto mediante el que se aprueba el plan de liquidación presentado por la administración concursal. La venta de los activos de la explotación se llevará a cabo de forma directa y no por subasta, un hecho que, según fuentes judiciales, motivó que la propuesta que presentaron los administradores recibiera el visto bueno de los principales acreedores del concurso, entre los que se encuentra la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. De los 800 acreedores a los que el proceso concursal debe dar respuesta, sólo uno de ellos, en representación de herederos de uno de los trabajadores de la explotación, alegó contra la propuesta de venta.
Los activos de la explotación gijonesa, en situación concursal desde enero de 2008, han sido valorados en algo más de 57 millones de euros, de los que en torno a 45 corresponden a edificaciones y a los más de 330.000 metros cuadrados de terreno que posee la empresa en San Martín de Huerces. Dependiendo de la calificación y edificabilidad que otorgue el Ayuntamiento de Gijón a ese suelo, su valor oscilará entre los 23 y los 35 millones de euros, según los informes técnicos incluidos en el expediente concursal. Tanto el Ayuntamiento de Gijón como la empresa Hunosa han mostrado su interés por adquirir dicho activo.
Los planes del primero pasan por destinar ese suelo a un parque empresarial, mientras que la segunda planteó albergar en ellas un almacén de dióxido de carbono. No obstante, ambos proyectos, según aseguró el pasado mes de julio el concejal de Promoción Económica e Innovación, José María Pérez, son compatibles.
Según los estudios del Ayuntamiento y del Principado, el nuevo parque empresarial afectaría a una superficie de suelo de 400.000 metros cuadrados. De ese número, en torno a 265.000 metros se destinarían al parque empresarial propiamente dicho, 57.000 a viales, 82.000 a espacios libres y el resto -entre 30.000 y 40.000- a equipamientos sociales y deportivos donde se da por segura la presencia de piscinas e instalaciones deportivas.
Además de esos terrenos, Mina La Camocha cuenta con varias parcelas rústicas en Granda, Leorio, Mareo y Secadiella (Siero) cuyo valor supera los 400.000 euros. También dispone de algunas edificaciones en Vega y El Vaticano, plazas de garaje y un local comercial.
La administración concursal tratará de sacar el máximo rendimiento económico a unos activos que, no obstante, no podrán cubrir el importante desfase patrimonial de la sociedad. Cuando Mina La Camocha solicitó el concurso de acreedores su deuda superaba los 160 millones, una cantidad que se ha ido incrementando ligeramente en los últimos meses.
El principal acreedor del procedimiento es el Estado, al que se le adeudan en torno a 120 millones de euros. El Ministerio de Industria llegó incluso a solicitar al juez estar presente en el procedimiento como administrador por parte de los acreedores. Mina La Camocha solicitó la intervención judicial tras conocer la decisión de la Tesorería General de la Seguridad Social de convertir en deuda exigible el crédito participativo de 30 millones que mantenía desde 1994 con la sociedad gijonesa por sus impagos.
La solicitud del proceso concursal, que se apoya en la ley que sustituyó a la de suspensión de pagos, se produjo 18 días antes de que la única mina gijonesa en funcionamiento cesará en su actividad, y cuando aún quedaban por definir aspectos relativos a su cierre.
Entre ellos, la celebración de la junta general extraordinaria de accionistas, que debía haber abierto el proceso de disolución societaria al amparo de la Ley de Sociedades Anónimas.
