La falta de información con respecto al almacenamiento del dióxido de carbono en algún lugar de las costas asturianas está haciendo pupa a los políticos gobernantes. «El mutismo absoluto» es, para empezar, la principal preocupación del PP asturiano. La diputada conservadora Ana Barrientos preguntó ayer en el Pleno de la Junta acerca del proceso que marca un Real Decreto en el cual se reserva parte de la geografía asturiana, «que afecta a 56 municipios», para la exploración de terreno donde poder ubicar los almacenes de CO2 que lleguen, entre otras, de la planta de captación que ya se construye en León.
Para sacar adelante el programa, señala Barrientos, «ha hecho un visto bueno del Gobierno del Principado de Asturias», aunque ahora, desde el ejecutivo regional, «dicen que es una cuestión de Estado». El proceso «comenzó hace 4 años», indica, «cuando una directiva europea hablaba de almacenamientos de CO2». Hubo «diez posibles ubicaciones» entre las que «no estaba Asturias». Pasó el tiempo, «y ahora hay un informe favorable del Principado» para explorar el territorio. «¿En base a qué se dio el visto bueno y por qué el Principado quiso formar parte del programa?», preguntó Barrientos sin obtener respuesta. Lo que sí dejo claro Buendía ayer es que aún no hay un proyecto sobre ninguna zona en concreto, y que hablar de localizaciones es entrar en el terreno de las especulaciones.
