Salvo sorpresa de última hora o giro radical de los acontecimientos, el tan traído y llevado proyecto de construcción de una incineradora en Serín se convertirá en una realidad a partir del próximo mes de abril. Será entonces, en la segunda quincena, cuando el consorcio de gestión de residuos (Cogersa) estudie la propuesta definitiva de los técnicos y le dé luz verde, con el voto favorable de socialistas y populares -estos se inclinan por apoyar la iniciativa, a la espera de la reunión de su dirección- y el rechazo de Izquierda Unida. El PSOE ha acercado posturas con el PP al prometerle incrementar el reciclaje y la quema de residuos en cementeras y darle voz en el desarrollo del proyecto a través de una comisión. El tamaño del horno no se moverá demasiado de las previsiones iniciales, y oscilará entre las 420.000 y las 450.000 toneladas.
Las reuniones que el presidente de Cogersa y consejero de Medio Ambiente, Francisco González Buendía, y el gerente del consorcio, Santiago Fernández, mantuvieron durante la tarde con los representantes de los tres grupos parlamentarios de la Junta despejaron buena parte de las incógnitas. La primera, la correspondiente a los plazos. La comisión delegada de Cogersa se reunirá este mismo viernes para iniciar los trámites. De ahí saldrá una propuesta concreta sobre la incineradora que se trasladará a la Junta de Gobierno, donde se votará y, previsiblemente, se aprobará. Será en la segunda quincena de abril, tras las vacaciones de Semana Santa. A partir de ahí comenzará un laborioso proceso administrativo y de construcción que debería desembocar, si se cumple el calendario, en que el horno esté en marcha en 2015, fecha en que se agota el actual vertedero.
Quedan, en todo caso, cosas por aclarar. A día de hoy, el PP está por la labor de sumarse al consenso con el PSOE en la medida en que cree que las decisiones se tomarán «de forma compartida», como dijo su portavoz adjunto en la Junta, Joaquín Aréstegui. Los populares acogen con agrado la flexibilidad de los socialistas en cuatro puntos básicos: más reciclaje, más quema de residuos en cementeras (hasta 95.000 toneladas al año), la garantía de que los ayuntamientos no tendrán que endeudarse para pagar la obra y la creación de una comisión en la que estarán presentes -también los vecinos de las zonas afectadas- para evaluar el desarrollo del proyecto y tomar decisiones de forma consensuada. El PP, eso sí, quiere ser respetuoso en términos internos y delega la decisión final en sus órganos directivos.
IU, en sintonía con la posición que venía manteniendo, se descuelga de ese consenso PSOE-PP, pese a que su diputada Emilia Vázquez aclaró que el pacto de gobierno no peligra. Pero Vázquez afirmó que la incineradora es «innecesaria» y que su partido no es partidario de avanzar por esa vía «sin haber agotado antes otras opciones más sostenibles, menos nocivas y con menor coste económico». IU presentará en breve en la Junta su propio proyecto de ley de gestión de residuos, que pivotará sobre el impulso del reciclaje.
Queda ahora por perfilar el tamaño exacto del horno. Será más o menos el previsto inicialmente, en torno a las 450.000 toneladas, aunque en función de los residuos que puedan reciclarse o quemarse en cementeras podría ser un poco más contenido, de 420.000 toneladas.