Cataluña lleva tres meses analizando por qué cinco bomberos murieron el pasado verano abrasados en un incendio provocado por dos jóvenes, precisamente aprendices de bombero. En Asturias, en cambio, es el ganadero el sospechoso habitual de los fuegos provocados. La causa está en el «fuego pastoral», una práctica transmitida de generación en generación que consiste en abrirle pastizales al ganado a base de quemar el matojo del monte. El problema es que el despoblamiento del medio rural ha alterado ese equilibrio entre el hombre y la flora: ahora hay menos trabajadores en el campo tratando de deshacerse de un matojo que se enseñorea. El resultado es que los focos se multiplican, hay menos ojos para vigilarlos y, al final, el Principado acaba viéndose obligado a movilizar más bomberos y helicópteros para sofocar el peligro.
El pasado año la región soportó 2.095 incendios, un 20% más que en 2008. Según datos que ayer ofreció el Gobierno regional, fueron 7.234 las hectáreas. Es una superficie que equivale a 10.132 veces la del césped de El Molinón.
¿Qué mano está detrás de ello? Las autoridades no tienen ninguna duda y ayer hicieron un duro llamamiento público: «La causa estrella y constante en Asturias es la ganadería. Y lo confirma el hecho de que la mitad de los fuegos se registraron en marzo, el mes que más intenta aprovechar la gente del sector buscando unos intereses muy discutibles, y totalmente ilegales y delictivos».
La acusación es grave. La lanza Joaquín de la Riva, fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo, pero no faltan datos que la refrenden. Las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Bripas) analizaron a lo largo del año pasado 214 incendios, descubriendo que en el 78,9% de las ocasiones había un interés ganadero detrás de ellos. No es un comportamiento exclusivo del año 2009. Desde la Universidad de Oviedo, el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot) tiene publicado un trabajo en el que, tras analizar las actas, denuncias y resúmenes cursados a lo largo de tres décadas, concluye que al menos el 70% de los incendios estaban causados por el ganadero.
Este mes «notamos que han vuelto a ello», lamenta De la Riva, quien ayer opuso otra estadística para advertir a los pirómanos: el Código Penal prevé castigos de entre uno y 5 años de prisión y multas de hasta 200.000 euros; el año pasado 14 asturianos tuvieron que defenderse de estos cargos. «Ninguno llegó a ingresar en prisión porque carecían de antecedentes, pero nueve de ellos fueron condenados».
Penas insuficientes
El fiscal es consciente de que «una de las funciones de estas penas son la disuasión», pero admite que con ello no basta para erradicar el problema. Según su diagnóstico, es necesario una intervención en el medio rural «para lograr que las nuevas generaciones no utilicen el fuego como instrumento, vigilar más el monte para coger a todas las personas que queman y conseguir que aumenten los desbroces y quemas autorizadas».
La esperanza la puso ayer la viceconsejera de Seguridad, Teresa Ordiz, quien subrayó que «algo» está cambiando en el medio rural: «Cada vez hay más llamadas de los propios vecinos denunciando los incendios, cuando antes ésta era una cuestión que todo el mundo conocía, pero callaba».
Ordiz también se felicitó del papel de las Bripas que, tras dos años, «se han consolidado». En la actualidad, este cuerpo lo forman 12 profesionales que el pasado año lograron extender sus investigaciones hasta 52 municipios asturianos.
En todo caso, Ordiz asume que «nunca» podrán descubrir a todos los pirómanos que actúan en la región «igual que no se puede detectar a todos los conductores que cometen imprudencias». Las Bripas investigaron sólo el 10,2% de los incendios provocados, un esfuerzo que procuraron dirigir a los casos que más daño provocan, aquellos donde las causas son más evidentes «o los que se producen en una zona con demasiadas incidencias».
