Santiago Martínez Argüelles admitió ayer que «problemas técnicos» impiden «en este momento» que los usuarios de las líneas rurales que se van a poner en marcha el próximo 5 de abril puedan tener las mismas bonificaciones que los viajeros de EMTUSA. La cuestión es que esos servicios serán prestados por empresas privadas, mediante las concesiones que tiene el Consorcio de Transporte de Asturias (CTA) y que esos vehículos tienen un sistema de cancelación distinto al de EMTUSA. Argüelles insistió en que no se trata de una cuestión de voluntad política y aseguró que se está estudiando el tema para poder implantar las bonificaciones en el futuro.
Previamente, el concejal del PP Gabriel Díaz había criticado la «privatización» del servicio rural, así como el hecho de que la decisión de anular las siete líneas no pasó por el consejo de administración. Díaz insistió en que las alternativas deberían haber llegado antes de suprimir los servicios. Argüelles negó que se trate de una privatización, ya que «todo se va a hacer en el marco del Consorcio, es decir, en el ámbito de lo público. Que los mismos que están privatizando todo donde gobiernan digan esto es el esperpento llevado a la máxima expresión».
