Entre la sorpresa y la decepción recibió ayer Izquierda Unida la noticia de que el PSOE apoyará la continuidad de la empresa Aqualia como gestora del servicio de aguas en el concejo. La alcaldesa de Castrillón, Ángela Vallina, calificó el razonamiento de sus socios de gobierno de «insostenible» y no dudó en acusarles de defender «intereses privados» y también los de «el Partido Popular» y de «olvidarse de los manifiestos públicos» que leyeron miembros de este partido en contra del proceso de privatización.
La primera sorpresa que se llevó la coalición fue la de ver que el PSOE argumentaba que es necesario adjudicar a una u otra empresa la gestión del servicio del agua, adjudicación suspendida en 2008 por una sentencia judicial a la que ahora el Ayuntamiento debe dar cumplimiento convocando un nuevo Pleno. Sorpresa porque, según expuso la alcaldesa, no existe norma alguna que obligue a darle un contrato a una empresa para resolver un concurso si no cumple con las condiciones fijadas en las bases que lo regulan. «Izquierda Unida mantendrá la propuesta de declarar la adjudicación del agua desierta. Las ofertas presentadas no cumplen con los requisitos de la convocatoria, algo acreditado en uno de los informes técnicos municipales, y por los dos informes periciales encargados por el juzgado que declaró nula la adjudicación y el contrato», afirmó la alcaldesa de Castrillón.
La decepción de la alcaldesa por la falta de apoyo de su socio de Gobierno en un asunto que ella misma abanderó en los juzgados era evidente, pero también lo era la falta de comprensión de una postura de los socialistas tan distinta a la que mantuvieron en el momento en el que se estaba decidiendo la primera adjudicación. «El cambio anunciado en su posición por parte del PSOE demuestra que su abstención en el Pleno pasado nada tenía que ver conque se solicitara un informe sobre costes y sí, en cambio, sobre su acercamiento a las tesis del PP y Aqualia en esta materia», sentenció la alcaldesa en relación a la sesión plenaria en la que, con los votos del PP y la abstención de los socialistas, se consiguió tumbar la propuesta de IU de dar cumplimiento parcial a la sentencia.
La posición del PSOE no contribuirá a mejorar unas relaciones entre socios de Gobierno que no han sido todo lo buenas que cabía esperar entre dos partidos con programas electorales tan similares. No obstante, el PSOE tenía en este caso las manos libres para actuar, ya que el asunto de la privatización del agua no se encontraba en los puntos recogidos en el pacto de Gobierno que firmaron ambos partidos al inicio del mandato.
La oposición
Sin embargo, la noticia del posicionamiento del PSOE a favor de la continuidad de Aqualia, sí que ha traído buenas palabras por parte del PP. «Se ha impuesto la sensatez en lo económico, la racionalidad en lo jurídico y el sentido común en la calidad de la prestación del servicio», afirmó su portavoz, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones.
La nueva postura adoptada por el PSOE refuerza las tesis del PP, que no dudó ayer en invitar a la alcaldesa a «abandonar las ensoñaciones de cuento de la lechera que representa la terca idea de declarar desierta la adjudicación, que además de ser de dudosa legalidad, representaría indemnizaciones multimillonarias a Aqualia por parte del Ayuntamiento».
