Los puertos comerciales españoles pueden quedar paralizados durante al menos ocho días del próximo mes de mayo como consecuencia de una huelga de estibadores convocada para expresar su rechazo a las previsiones que tiene para este sector el proyecto de nueva ley portuaria, que ha sido consensuado por socialistas y populares.
El primer paro está anunciado del 11 al 14 de mayo y se repetirá, también de martes a viernes, una semana después, es decir, del 18 al 21. Posteriormente, si antes no se alcanza un acuerdo, la huelga se transformará en indefinida, si bien las fuentes sindicales informantes indicaron que no está fijado el día de comienzo.
La iniciativa parte del sindicato gremial Coordinadora, tras un fallido intento de acuerdo entre los máximos responsables del mismo y el portavoz socialista Rafael Simancas. Poco después, representantes de los distintos puertos tomaron, anteanoche, la decisión de poner en marcha unos paros en los que podrían participar también los estibadores de UGT y CC OO.
Entre las previsiones de la nueva ley que más rechazo han causado entre los estibadores figura la autoprestación, es decir, que las navieras puedan disponer de personal propio para labores de carga y descarga; la exención de terminales específicas a la hora de contratar equipos de carga y descarga, y la segregación del servicio público de las labores de entrada y salida de vehículos en barcos de tipo ro-ro, cosa que afecta básicamente a las autopistas del mar que tanto el Gobierno de España como la Unión Europea están tratando de potenciar.
Pillados por el tiempo
Desde que trascendió el acuerdo entre socialistas y populares para promulgar una legislación portuaria estable y, por lo tanto, no sometida a variación como consecuencia de la alternancia política, los estibadores dejaron clara su oposición a los planteamientos incluidos para su sector.
El asunto quedó pendiente de negociación y el pasado lunes se produjo una reunión de estibadores con responsables del grupo parlamentario socialista que concluyó sin alcanzar acuerdos.
El caso es que el mismo asunto y otros cambios que podrían afectar también a las plantillas de las autoridades portuarias amenazan con enfrentar al Gobierno con la UGT, sindicato que expresó en distintas ocasiones un rechazo frontal al proyecto legislativo que, pese a la polémica, continúa su tramitación parlamentaria y varios medios dan por seguro que el Gobierno quiere tener la nueva norma aprobada antes de que acabe junio.
El conflicto de la estiba, en todo caso, es un escollo importante, que podría paralizar los puertos en un periodo en el que pueden ser trascendentales para promover la recuperación económica.
En esas circunstancias, el resultado del conflicto promovido por los estibadores es imprevisible, pero no parece en absoluto descartable que los ponentes de la nueva ley opten por enmendar el texto inicialmente pactado.
