La formación para desempleados no acaba de normalizarse en el Principado. Después de más de un año de bandazos administrativos en los que el bloqueo de las actividades obligó al Gobierno regional a retirar las competencias a la Consejería de Educación para transferírselas a la de Industria y Empleo, los cursos se encuentran ahora prácticamente paralizados.
Los expertos docentes que imparten los cursos de formación denuncian que pese a la gravedad de la crisis y el aumento en el número de parados, sólo el 10% de los cursos han sido puestos en marcha hasta el momento. Lo peor es que entre fondos nacionales, europeos y propios, el Principado cuenta con unos sesenta millones de euros para la formación, que -aseguran- se están desperdiciando.
Aunque sea paradójico, los profesores de parados están en paro y la situación refleja hasta donde llega el problema del desempleo en Asturias. Además de estar en las listas del antiguo INEM, los parados carecen de medios para salir de esa situación a través de la formación al no poder acceder a cursos de materias tan diversas como la fontanería, la cocina o la jardinería.
La formación ocupacional para desempleados se canaliza a través del Servicio Público de Empleo Estatal, pero también sindicatos o la Fade organizan este tipo de cursos gracias a las subvenciones.
Tras surgir los primeros problemas para poner en marcha las actividades en el Principado, los responsables de los centros públicos decidieron prescindir, a principios de 2009, de todos los profesores, unos 80 expertos docentes repartidos en los cuatro centros públicos que el Principado tiene en Gijón, Oviedo, Avilés y Langreo. La mayor parte de ellos decidieron acudir a los tribunales y en casi todas las ocasiones los juzgados de lo Social les dieron la razón. El Principado decidió recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y ese trámite mantiene ahora prácticamente paralizada la actividad, según denuncian los afectados.
El asunto sería menos grave si no fuera porque afecta a los más de ochenta mil parados que hay en el Principado, y porque habiendo dinero no se encuentra la fórmula para desbloquear la actividad.
Fue en febrero de 2009 cuando los expertos docentes denunciaron por vez primera, en medio de la grave crisis económica, que la Administración regional había decidido prescindir de sus servicios. La Consejería de Hacienda advirtió a la de Educación y Cultura, que entonces era la encargada de la actividad, sobre la forma irregular en que se estaba organizando la formación para desempleados a través de subvenciones a entidades. La interventora del Principado, Margarita González Marroquín, dejó claro que la fórmula empleada era inasumible y que planteadas así las cosas no iba a salir ni un euro de Hacienda para ese fin. Y el consejero de Educación se vio obligado a asumirlo.
El caso es que los cursos para desempleados permanecieron bloqueados durante la primera mitad del pasado año y sólo al final se impartieron los cursos concertados y alguno de los públicos después de que la Consejería de Educación contratara a los expertos docentes como autónomos o por medio de empresas. La conclusión fue que los expertos, alguno de los cuales con 20 años de experiencia laboral, acudieron a los tribunales.
El asunto trajo repercusiones políticas ya que ante el desastre organizativo y la imagen dada, el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, decidió retirar las competencias de formación profesional para el empleo a la Consejería de Educación y traspasarla a Industria. Por el medio se produjeron las destituciones del director general de Formación Profesional, Manuel Capellán, y el del secretario técnico de Educación, Vicente Hoyos.
Quien pensara que el asunto había quedo resuelto estaba muy equivocado. Más de un año después las cosas están como estaban. La formación se encuentra paralizada y los expertos docentes estudian volver a salir a la calle. Ahora denuncian que el Principado mantiene bloqueada una posible solución. La mayor parte de los despidos fueron considerados improcedentes. En cuarenta casos los jueces estimaron que hubo relación laboral y en 15 casos las sentencias fallaron que la relación laboral es la de indefinidos discontinuos.
