Ana Rosa Migoya y José Luis Iglesias Riopedre se esforzaron ayer hasta lo indecible por dejar claras dos cosas. Primera: «La evaluación docente no es un examen, sino una acreditación del trabajo que se realiza en los centros educativos». Y segunda: «Los docentes que cumplan con su trabajo con responsabilidad no tendrán ningún problema. La inmensa mayoría del profesorado la va a superar». Ambas con un único objetivo: tranquilizar al profesorado asturiano antes de estampar sus respectivas firmas en el 'Reglamento que regula los planes de evaluación de la función docente' y su correspondiente 'Plan de evaluación 2010'.
A los titulares de Administraciones Públicas y Educación del Principado, en perfecta sintonía a la hora de llamar a la calma a los docentes, les sirvió un acuerdo con la mitad de los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación (ANPE y FETE-UGT) para dar luz verde a la evaluación haciendo caso omiso a la oposición frontal mostrada por el mayoritario Suatea, secundado por CC OO.
A la tercera fue la vencida. Porque la aprobación del Reglamento de evaluación docente, que le ha costado a la Administración regional meses de enfrentamientos con los trabajadores de la enseñanza, llegó en la tarde de ayer tras la tercera reunión de la Mesa Sectorial, que únicamente sirvió para perfilar algunas cuestiones menores que se habían quedado en el tintero. En ningún caso para lograr el refrendo sindical en pleno.
Es el arranque de una acreditación a la que deberán someterse 9.300 profesores asturianos si quieren cobrar el plus mensual de 217 euros (en el caso del profesorado de Secundaria) y de 139 (en el de los maestros de Primaria) con cargo a la carrera profesional. Y lo harán «en la nómina de octubre», precisó Migoya, de forma que el Consejo de Gobierno del Principado debe darse prisa para darle el visto bueno final y que tanto los que ya están cobrando (8.000 funcionarios) como los que no (1.300) puedan adherirse al proceso en junio y ser evaluados en septiembre.
El cuestionario que deberán superar los funcionarios de carrera está estructurado sobre tres pilares, puntualizó José Luis Iglesias Riopedre: «Formación, dedicación y participación en los objetivos colectivos del centro educativo». De forma que los 16 puntos evaluables adelantados por EL COMERCIO se mantienen en el documento final con ligeras variaciones.
La primera tiene que ver con el primer apartado, el referido a la formación, que en el 'Plan de evaluación 2010' consta de un único punto evaluable: para obtener una valoración positiva se requerirá haber realizado sesenta o más horas de formación (el equivalente a seis o más créditos) a lo largo de la vida laboral. Pues bien: este requisito sólo será válido para la primera evaluación, y, a partir del curso 2010-2011, se pedirá que los docentes «hayan realizado dos o más créditos, 20 horas de formación, sólo durante ese año» para puntuar.
También en el segundo apartado del plan, compuesto de 14 ítems y titulado 'Mayor dedicación al centro», en el que se puntúan cuestiones como si el docente «realiza la evaluación del aprendizaje del alumnado', si «mantiene el respeto a los horarios establecidos» o si «informa a las familias sobre el rendimiento de sus hijos», se introduce una modificación.
A saber: el ítem en el que se pedía que los docentes «justificasen debidamente sus ausencias» ha sido sustituido por otro mucho más concreto y ahora deberán garantizar que «su tasa de absentismo es inferior al 7% de su jornada laboral».
El último punto, sobre la 'Participación en la consecución de objetivos colectivos del centro establecidos en la Programación General Anual', permanece como estaba. Así que este examen que «no es un examen» y que sólo admite un sí o un no como valoración final «no es fácil ni difícil», zanjó Riopedre. Sólo hay que calificar positivamente en dos de sus tres apartados. Eso sí, admitió Migoya: «Quienes no lo superen deberán devolver las cantidades percibidas desde 2007». Suman hasta 7.500 euros.
