El Congreso aprobó ayer una moción que insta al Gobierno a introducir los cambios necesarios en la ley de memoria histórica para «garantizar» que las administraciones, sea la central o las autonómicas, tengan que «responsabilizarse» de las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de víctimas del franquismo. La iniciativa, pactada por PSOE e IU, cuenta con el compromiso de aplicación por parte del Gobierno.
La modificación es sustancial. La búsqueda e identificación de desaparecidos del franquismo y la Guerra Civil se convertirá en una «política pública e institucional garantizada» por el Gobierno y las comunidades, que deberán poner todos los medios para localizar y exhumar estos cadáveres. Además, la moción prevé que si alguna comunidad no aporta los medios suficientes, como ocurre con varias autonomías gobernadas por el PP, el Ejecutivo central estará obligado a aportar los recursos «con carácter subsidiario».
El pacto también prevé transformar la actual oficina para las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura de un ente de atención y asesoramiento que asuma la dirección y la coordinación de las políticas públicas para el desarrollo de la ley.
