Baltasar Garzón se va de la Audiencia Nacional. El juez solicitó ayer al Consejo General del Poder Judicial su traslado al Tribunal Penal Internacional (TPI) para incorporarse como asesor externo de la Fiscalía, órgano dirigido por el jurista argentino Luis Moreno Ocampo, con el que Garzón mantiene estrechos vínculos profesionales y amistosos. La petición será estudiada hoy por el Consejo, y es previsible que acepte su salida de la Audiencia. El movimiento del juez, que tiene por delante un oscuro futuro profesional en España, evitaría que fuera suspendido de sus funciones si el Tribunal Supremo le enjuicia por prevaricación en la investigación de los crímenes del franquismo, una decisión que parece inminente.
La solicitud de Garzón será revisada por la Comisión Permanente del Consejo, que dará por recibida la petición y requerirá un informe al Ministerio de Asuntos Exteriores para consultar si la plaza encaja en la situación de «servicios especiales» solicitada por el juez. La 'excedencia' es por un periodo mínimo de siete meses y se podría ampliar. Esta suerte de permiso implica que Garzón no perdería su plaza como titular del Juzgado Central de Instrucción, y mantendrá así su condición de aforado, lo que implica que el Supremo seguirá adelante con las tres causas que tiene abiertas en su contra.
Pero la salida del juez sí tiene una consecuencia inmediata que aliviaría su situación procesal, pues evitará que sea suspendido como juez de la Audiencia Nacional. Una decisión que hubiera tomado el Consejo una vez que el Supremo le comunicara su enjuiciamiento por prevaricación al investigar los crímenes del franquismo, resolución que se podría producir en las próximas horas, según fuentes del alto tribunal.
Sin embargo, a la vista de que el juez se ha adelantado a esta posibilidad al pedir su traslado al TPI, el Consejo tendría que tener en cuenta esta circunstancia antes de abordar la suspensión. La razón es que para entonces Garzón no estaría en la Audiencia Nacional, por lo que sería incongruente apartar temporalmente a un juez de sus funciones cuando no está en el ejercicio de su cargo.
Fuentes del gobierno de los jueces señalaron que lo más sensato sería no tratar su suspensión al menos hasta dentro de siete meses, cuando regresara de la corte de La Haya, si es que lo hace. Para entonces, su situación procesal podría haber cambiado por completo en las causas que tiene abiertas en el Tribunal Supremo y nada ni nadie podría impedir que volviera a su Juzgado de la Audiencia Nacional.
En caso contrario, si es condenado por prevaricación e inhabilitado de sus funciones, no habría ningún inconveniente para que siguiera su carrera en el Tribunal de La Haya, donde sus miembros tienen plena inmunidad. Por si acaso, Garzón ha hecho todos los trámites para, si es condenado por la causa de la memoria histórica, poder recurrir en amparo al Tribunal Constitucional.
Ofrecimiento
Desde que el futuro profesional de Garzón se empezara a oscurecer, no han sido pocas las voces que aconsejaron al juez salir de la Audiencia, un tribunal desde el que había soliviantado a Gobierno, Fiscalía, Supremo y CGPJ tras abrir una causa penal al franquismo y «ningunear» la ley de la Memoria Histórica por judicializar la apertura de las fosas.
Desde hace un año, cuando el Supremo admitió la querella de Manos Limpias, las ofertas para que se quitara de en medio fueron muchas y variadas. Como relator de Derechos Humanos de la ONU, de juez de enlace con Iberoamérica o para el propio TPI. Puestos de reconocido prestigio internacional a los que no se llega sólo por experiencia y conocimiento, sino que se requiere también el apoyo del Gobierno.
Desde hace tiempo, Garzón no veía con desagrado su marcha a la corte internacional. Una posibilidad que desde diferentes instancias políticas y judiciales consideraban el mejor destino para «limpiar» el descrédito internacional que causaban los procesos contra el juez en el Supremo, sobre todo el de la memoria histórica. Pero dado su carácter combativo, Garzón se resistía a ceder.
Sin embargo, a la vista de su complicada situación y antes de que el magistrado Luciano Varela decidiese sentarlo en el banquillo por prevaricación y el Consejo acordara su suspensión -una decisión que le hubiera complicado cualquier salida a otro destino-, Garzón cambió de opinión y aceptó la invitación que recibió el 6 de mayo de Moreno Ocampo como asesor externo de la Fiscalía del TPI. Para ello, contó con el visto bueno del presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes.
