La piedra de toque que ha llevado a Garzón al banquillo queda resumida en una palabra: irresponsabilidad. Así define el magistrado Varela la actuación del juez en la causa del franquismo. Reprocha Varela que Garzón tratase de justificar su «irresponsabilidad penal» con el pretendido objetivo de favorecer a las víctimas de la Guerra Civil en su investigación. Ello, a sabiendas de que no tenía competencia y que parar reparar a las víctimas ya estaba la Ley de la Memoria Histórica.
Vuelve a la carga Varela con la Ley de Amnistía, que exoneraba a los autores de las desapariciones ilegales, y reitera que Garzón quiso apropiarse de la apertura de las fosas. Rechaza, asimismo, por irrelevantes las pruebas solicitadas por el juez, entre ellas la testifical de magistrados de la Audiencia Nacional.
