«Reafirmamos nuestro compromiso de combatir la impunidad, en particular respecto de los delitos más graves del Derecho Internacional». Así arranca el punto 6º de la declaración suscrita ayer por la UE y América Latina y Caribe. En medio de la polémica por la suspensión de Baltasar Garzón y un día después de que la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner hubiera reprochado a la Justicia española que vea la paja en el ojo ajeno -por haber investigado la dictadura de su país o la chilena- y no la viga en el propio -por considerar prescritos los crímenes del franquismo-, la mención tenía miga.
Zapatero, sin embargo, se encargó de rebajarla. Se mostró sorprendido porque se pueda pensar que el compromiso -«se deberán adoptar medidas de ámbito nacional u otro ámbito adecuado para intensificar la cooperación internacional a fin de que dichos delitos sean sometidos a la justicia»- altera los principios que se han aplicado a enjuiciamiento de los actos cometidos durante el régimen de Franco.
Fuentes gubernamentales explicaron que el párrafo fue incluido el 20 de abril en el primer borrador de la declaración a instancias de Holanda, sede de la Corte Penal -que ahora, por cierto, servirá de refugio profesional a Garzón- y que ayer se ratificó sin debate.
