Ni por las quejas de los partidos políticos, ni por demandas presentadas ante la Unión Europea, ni por las manifestaciones ciudadanas, como la movilización convocada por más de 40 colectivos para el próximo 28 de junio. El alcalde, Gabino de Lorenzo, sólo dará marcha atrás al acuerdo que firmó con el empresario Miguel Ángel Menéndez del Fueyo para saldar la deuda del palacete de Villa Magdalena si se lo exige la Justicia. «Hay gente empeñada en echar abajo los proyectos de la ciudad, pero les va a costar trabajo. Van a tener que sacar mucha gente a la calle y no me van a convencer. Sólo si los tribunales dicen en última instancia que no es correcto, y que digan en qué parte, lo cambiaremos», aseguró ayer.
El edil volvió a defender «la legalidad» del convenio que selló en abril con la empresa Comamsa para evitar enfrentarse al pago de 63 millones de euros en metálico. En líneas generales, el Ayuntamiento le entregará en propiedad el subsuelo de Uría, Toreno, Paseo de los Álamos y Plaza de la Escandalera para construir tres aparcamientos con 1.510 plazas, más una parcela en Teatinos para viviendas. El parking, según repitió, es un buen proyecto e «imprescindible». «Esta ciudad no puede estar sin aparcamiento en el centro porque es básico para reforzar el carácter turístico», justificó.
Para el edil, que hayan sido tres funcionarios municipales del más alto nivel y «el mayor despacho de abogados de España» le hace «mostrar tranquilidad y entender que se ajusta a derecho». Eso, a pesar de que otros partidos políticos, como PSOE, IU y ASCIZ, entienden que vulnera la legislación y han anunciado el inicio de varios procesos judiciales para pararlo.
«Nos defenderemos»
Si tienen dudas, el alcalde les dijo que ese era el camino: «Si alguien entiende que no (que no es legal), para eso están los tribunales. Nosotros nos defenderemos y llegaremos hasta donde haya que llevar el principio de legalidad, que es el que ha inspirado este acuerdo».
El edil restó importancia a los intentos para paralizar la polémica operación, que comenzó con la expropiación del palacete de Villa Magdalena, pero no pasó por alto la petición de la Sindicatura de Cuentas de analizar la documentación de Villa Magdalena. «El Ayuntamiento ha colaborado siempre con la ley y lo que diga la ley es lo que va a hacer el Ayuntamiento. Pero lo que diga un síndico mayor (Avelino Viejo), eso no es la ley», añadió. Aunque dispuesto a colaborar, el popular dudó a la objetividad de Viejo. «Un síndico debería tener una neutralidad absoluta y quien lleva 25 años sirviendo a un partido y disfrutando de cargos puestos a dedo me da la impresión de que no la tiene», acusó.
IU también pidió ayer al Consistorio que «abra las puertas» a la Sindicatura para fiscalizar el tema.
