La continuidad de Factorías Juliana parece cada vez más cerca. La propuesta de Astilleros Armón para hacerse con la propiedad de Factorías Juliana dará paso esta misma semana a la presentación, por parte de los representantes legales del astillero gijonés, de una propuesta de convenio con los acreedores que contempla una quita (condonación) de entre el 65 y el 75% del importe de los créditos concursales y un plazo para el pago de la cantidad restante de entre tres y cinco años que se realizaría en abonos anuales.
La empresa solicitó en mayo de 2009 al Juzgado de lo Mercantil de Oviedo un proceso voluntario de acreedores para tratar de salvar la grave crisis que atraviesa y dar continuidad al histórico astillero de la bahía gijonesa sobre el que pesa una abultada deuda de alrededor de 61 millones de euros.
Algunos de los acreedores han solicitado al juez que extienda a Vulcano la responsabilidad patrimonial. Es decir, que la empresa gallega haga frente con sus bienes a las deudas que ha dejado Juliana entre la industria auxiliar y las empresas suministradoras. No son los únicos. También los administradores concursales consideran que Vulcano debe ingresar en las cuentas de Juliana una buena cantidad de millones para compensar las pérdidas que generó la construcción de los buques sísmicos 532 y 533 para el armador noruego Petroleum Geo Services, que contrató la obra a Vulcano y que, a su vez, la subcontrató a Juliana.
El astillero gijonés acumula deudas con un total de 211 empresas. Una buena parte de las compañías reclaman deudas de escaso volumen, pero hay un importante grupo de proveedores y empresas auxiliares que acumulan pasivos de hasta 7,8 millones de euros.
La quita de entre el 65 y el 75% sobre el importe de los créditos concursales propuesta por Juliana supera el umbral marcado por la Ley Concursal -no puede exceder la mitad de los importes de los créditos ordinarios ni los cinco años de espera para cobrar, según el artículo 100.1 de la Ley Concursal-. Por esa razón la empresa ha incluido en la redacción de su propuesta de convenio un prólogo en el que trata de convencer al juez de que su propuesta puede aprobarse a pesar de todo. Y es que la Ley Concursal contempla que excepcionalmente puedan superarse esos límites si la actividad de la empresa en concurso «puede tener especial trascendencia para la economía».
Al parecer, los propios administradores judiciales ha manifestado que, en caso de que no sea aceptada la quita propuesta, los acreedores cobrarán menos del 10%, debido a que si se produce la liquidación de la empresa los activos no llegarían ni para cubrir el equivalente a ese porcentaje del pasivo.
Una vez que se presente el borrador de convenio en el juzgado, el magistrado podrá convocar en el plazo de 40 días la junta de acreedores en la que se someterá a votación. Fuentes cercanas al proceso concursal, aseguran que el convenio propuesto ya cuenta con el visto bueno de los principales acreedores por lo que, dicen, será aprobado sin problemas.
Optimismo en Industria
Tanto el consejero de Industria, Graciano Torre, como la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, se han mostrado en los últimos días «optimistas» ante la posibilidad de que se produzca una salida «favorable» al proceso concursal. También desde el Ministerio de Industria auguran «un final feliz». La secretaria general de Industria, Teresa Santero, recordó ayer que tanto el Gobierno central como el asturiano y las empresas «están explorando todas las alternativas para Juliana y hay buenas perspectivas de que el astillero pueda salir adelante a través de un convenio con sus acreedores».
Santero realizó estas declaraciones durante la comida que se organizó tras la celebración, ayer, de la junta general de accionistas de la sociedad de pequeños y medianos astilleros en reconversión (pymar).
De momento, únicamente ha trascendido la oferta económica que presentará Astilleros Armón: 16 millones de euros y la puesta en marcha de un plan industrial con una carga de trabajo de dos buques de 75 metros de eslora que darán empleo a 200 personas durante 16 meses. Sin embargo, hay otra empresa que está a la espera de conocer la propuesta de convenio de la empresa para jugar sus cartas. Se trata de Gestión de Negocios Argos S. A., socia de Vulcano e integrada en el Grupo Meridional, propiedad del empresario vigués José Alberto Barreras, que en febrero ya anuncio su intención de reflotar el astillero una vez se despeje el concurso voluntario de acreedores. Una de las bazas que ha esgrimido este grupo ante las autoridades para hacerse con Juliana es la sentencia de un juzgado de Vigo, sobre la que cabe recurso, que obliga a Vulcano a entregarle el 51% de las acciones de Juliana.
