Roberto Sánchez Ramos no ofreció ayer una rueda de prensa sobre la Cuenta General del Ayuntamiento porque estaba camino de Bruselas. Son los inconvenientes de estar sólo en el Grupo Municipal de Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda. El concejal inició ayer su viaje para presentar ante la Comisión Europea la denuncia por el acuerdo entre el Ayuntamiento y la empresa Comamsa (aprobado con los votos del PP) para saldar la deuda de la expropiación de Villa Magdalena.
Ramos, 'apadrinado' por el eurodiputado socialista y ex alcalde Antonio Masip, expondrá a los diferentes grupos parlamentarios de la UE lo que juzga ilegalidades de un convenio que permitirá a Comamsa construir aparcamientos bajo Uría y el Campo de San Francisco, así como construir pisos en una parcela que ahora sirve de parking en el centro comercial Los Prados. El Gobierno local llevó a cabo el proceso en secreto, y sólo dio información cuando ya lo tuvo cerrado para votar en el Pleno. La cesión salva los 63 millones de euros que reclamaba Comamsa por Villa Magdalena, en cuya expropiación el Gobierno local cometió varias irregularidades, según los juzgados que han fallado al respecto en los últimos 10 años.
La denuncia que el edil presentará hoy ante la UE, sin embargo, incide en otro aspecto del convenio: el Consistorio no sólo cede el subsuelo del centro y el citado solar para uso residencial en Teatinos; también garantiza a Comamsa que, como Administración local, no permitirá la apertura de otro parking en las inmediaciones durante 40 años.
Más allá de que la tramitación del convenio, dado su calibre urbanístico, hubiese requerido una información pública administrativa (para que vecinos o afectados presentasen alegaciones o consideraciones), y de que un negocio de esas características quizá necesitara un concurso público de adjudicación, ASCIZ incide además en el aspecto de la competencia.
Expone en el texto de su denuncia que el acuerdo «supone conceder una ventaja a un operador económico con exclusión de los demás», fenómeno que «vulnera las normas y principios fundamentales del Derecho de la Unión Europea en relación con el mercado interior». Es decir, el Gobierno local se 'salta' los principios de «libre competencia, libre prestación de servicios, libertad de establecimiento, no discriminación, igualdad y transparencia, tantas veces proclamados por el Tribunal de Justicia de la UE».
Traer a eurodiputados
La intención de Roberto Sánchez Ramos no se limita a registrar la denuncia de forma oficial y reunirse con parlamentarios de distinto signo político. Según avanzó ASCIZ ayer en una nota de prensa, «invitará a una delegación de los grupos a visitar Oviedo con el fin de que conozcan de primera mano el entorno y el espacio que se pretende enajenar con este convenio».
A las cuestiones legales añadirá el apoyo recabado hasta ahora por su partido, y que implica en la campaña de rechazo a los parkings de Uría «a más de 40 colectivos ciudadanos», muchos de ellos integrados en la plataforma Movimiento Vecinos de Oviedo.
Izquierda Unida-Los Verdes y Comisiones Obreras han avanzado igualmente su intención de recurrir a la UE, como también el Grupo Municipal Socialista, que trasladará su propia denuncia después de presentar el pasado sábado el informe encargado al catedrático de Derecho Administrativo Raúl Bocanegra sobre el convenio. Bocanegra repasa en 60 páginas las múltiples «irregularidades» que, a su parecer jurídico, ha permitido el Gobierno local.
