Se puede decir más alto, pero no más claro. Trece sindicatos asturianos acudieron ayer a la Junta General para escenificar su «frontal» rechazo a la decisión de los gobiernos socialistas de recortar el sueldo a los empleados públicos. Las centrales convocadas, sin excepción, atacaron sin piedad a la Administración, a la que acusaron de «tomar el camino más fácil» y perjudicar a los trabajadores, en lugar de eliminar «muchos gastos superfluos» que, en su opinión, «son el verdadero origen del problema», e impiden un ahorro muy superior al que se va a obtener con el tijeretazo en las nóminas de los funcionarios. En relación con este punto, no fueron uno ni dos los sindicatos que aludieron directamente a los sobrecostes que acumulan determinadas obras que, sin embargo, «no hacen que se le caiga la cara de vergüenza a nadie».
La secretaria de Acción Sindical de UGT, Mar Celemín, fue la encargada de abrir las intervenciones de los trece sindicatos convocados. Cada uno de ellos dispuso de cinco minutos para exponer su punto de vista sobre el proyecto de ley para la contención del déficit presentado por el Gobierno regional. Los discursos fueron cortados por el mismo patrón. Todos mostraron su rechazo frontal a unas medidas que calificaron de «cobardes», «injustas» y en muchos casos «discriminatorias». «Han tomado el camino más fácil», reprochó Gilberto García, representante de CC OO. Él, como muchos de sus compañeros, advirtió de que los recortes tendrán un efecto negativo en la economía, puesto que perjudicarán el consumo al bajar el poder adquisitivo de trabajadores que, en muchos casos, «son mileuristas», tal y como subrayaron la mayor parte de los intervinientes ante la Comisión de Economía del Parlamento asturiano.
No es el caso de la mayoría de los médicos que, no obstante, se sienten igualmente perjudicados con una iniciativa, en su opinión, mal desarrollada en comparación con otras comunidades que también han aplicado el 'decretazo' de Zapatero. José Manuel Martín y Fidel González, que intervinieron en nombre del Simpa, acusaron a las autoridades de hablar «sin tener ni idea».
Igual de contundente se expresó Margot Marqués, del Sindicato de Enfermería (Satse), que advierte de que algunos profesionales de su sector verán rebajado su sueldo hasta un 11%. «Los profesionales sanitarios están mal pagados y la enfermería aún más», dijo, antes de pedir al Gobierno una mejor gestión de los recursos. No fue la única. El Sindicato de Auxiliares de Enfermería, representado por María José Fernández, aseguró que hay «mucho donde recortar». En concreto, al igual que hicieron otros intervinientes, puso el acento en el Instituto Adolfo Posada y la TPA. Desde su punto de vista, el servicio cada vez es peor y eso «no preocupa al Gobierno del Principado».
Sin duda uno de los más críticos en su intervención fue Francisco Menéndez, de Usipa. Quiso dejar claro que los funcionarios «no son los culpables del desaguisado» que han provocado los gobernantes, e hizo mención a los sobrecostes «que se pueden ver en muchas obras de esta región». Precisamente a las autoridades señaló el representante de ANPE como los culpables de que se haya «demonizado» la imagen de los funcionarios en España.
Los sindicatos, que acusaron al Gobierno central de «romper» los acuerdos firmados, creen que los políticos «nunca han valorado ni han defendido el trabajo de los empleados públicos». Esta reflexión fue de Juan Gavira, de CSI-CSIF, que pidió a IU que se pronunciara con claridad rechazando el proyecto de ley antes de advertirla de los riesgos electorales que tendría el apoyo a la propuesta socialista.
Beatriz Quirós, del Suatea, calificó de «ilegal» la medida y expresó su confianza en que «no siga adelante», antes de pedir que las competencias sobre el profesorado recaigan en Educación y no en Administraciones Públicas. Otra de las voces más beligerantes contra el Gobierno fue la de Marco García. El portavoz de CSI lamentó la «prepotencia» del PSOE y la «brutalidad» de una medida «cobarde». Aseguró que la palabra de los gobernantes asturianos «no tiene ningún valor» y propuso a Migoya que dimita. «Hipotecan nuestro futuro como ciudadanos», aseveró. José Manuel Martínez, de USO, no bajó el tono y trasladó sus propias propuestas para ahorrar, como reducir el número de asesores o disminuir los altos cargos. El último en intervenir fue Jesús Villa, secretario general del Sipla, que recordó que ésta «es la primera vez que se recorta el salario a los trabajadores». Los grupos parlamentarios agradecieron la intervención de los sindicatos, con especial mención a los populares, que han utilizado en su labor de oposición muchos de los argumentos usados ayer en la comisión. Esta seguirá hoy, con la presencia de los consejeros Ramón Quirós, Iglesias Riopedre y Jaime Rabanal.
