El jefe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Gerardo Herrero, confirmó ayer la existencia de una denuncia por dos presuntos delitos continuados de malversación y falsedad en documento oficial contra el encargado de la cueva de Tito Bustillo, en la villa de Ribadesella, Alfonso Millara. La denuncia fue fechada el pasado 28 de mayo, a raíz de un expediente disciplinario abierto el día 17 de marzo por la propia Consejería de Cultura y Turismo contra el encargado de la cueva riosellana, por «presuntas irregularidades» relacionadas con la gestión del cobro y exención de tasas de entrada y visita a la caverna. Un expediente que concluyó con la suspensión de empleo y sueldo el día 8 de abril. Desde entonces, el denunciado se encuentra en su domicilio con baja médica y a tratamiento psiquiátrico por el «shock emocional» que dice haber sufrido al enterarse de que se le estaba acusando de un delito del que se considera inocente.
La Consejería puso después en conocimiento de la Fiscalía el expediente administrativo y ésta encontró indicios de los delitos recogidos en los artículos 432-1º y 390.1-1º del Código Penal, por lo que presentó la mencionada denuncia en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas de Onís, que estos días ha abierto diligencias.
El ministerio público ya ha solicitado documentos a Cajastur para estudiar los movimientos de las cuentas de Alfonso Millara, dado que el presunto delito está vinculado con el cobro irregular de las entradas a la caverna riosellana. También está previsto que en los próximos días se le tome declaración en calidad de imputado. De seguir adelante con el proceso y ser considerado culpable, podrían pedirse para él importantes penas de cárcel. El delito de malversación del que se le acusa está estipulado con penas de prisión de entre tres y seis años, más inhabilitación de su cargo durante 6 a 10 años. Por su parte, por el delito de falsedad de documento público podría pedirse para él entre 3 y 6 años más de prisión, una multa de 6 a 24 meses y entre 2 y 6 años de inhabilitación. Fuentes consultadas por este diario confirman que el hecho de que el delito sea continuado es un agravante, por lo que podría pedirse la máxima pena tipificada. De este modo, si finalmente Alfonso Millara es considerado culpable se enfrentaría a una pena de hasta 12 años de cárcel.
La Consejería de Cultura y Turismo continúa sin querer hacer declaraciones sobre el tema «por respeto a las instituciones judiciales», aunque el director general de Turismo y Patrimonio, José Luis Vega, insiste en que el denunciado tiene derecho a la presunción de inocencia.
